Si los contratos de explotación de litio entre Bolivia, China y Rusia son aprobados, los proyectos requerirán un consumo anual de agua estimado en 1.165 piscinas olímpicas, según el investigador Carlos Solón, de la Fundación Solón.
«En términos ambientales, lo que vamos a ver es un elevado consumo de agua (…), estaríamos hablando de 1.165 piscinas olímpicas por año para estos emprendimientos», alertó Solón durante un conversatorio realizado el viernes.
El Gobierno boliviano firmó en 2024 acuerdos con las empresas Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China) para desarrollar tres proyectos de extracción de litio. El contrato con Rusia prevé una planta de 14.000 toneladas de carbonato de litio, con una inversión de 975 millones de dólares. Mientras que el acuerdo con la empresa china busca construir dos plantas: una de 10.000 toneladas de salmuera residual y otra de 25.000 toneladas, con un costo total de 1.030 millones de dólares.
Sin embargo, el proyecto ha sido rechazado por organizaciones sociales, ambientalistas, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y sectores de la oposición, que denuncian falta de transparencia y beneficios desproporcionados para las empresas extranjeras.
Graves impactos ambientales y riesgo de endeudamiento
Solón advirtió que Potosí será gravemente afectado, ya que los contratos se firmaron sin estudios de impacto ambiental ni medidas de mitigación. «La extracción de litio secará bofedales, perjudicará la ganadería de camélidos y la producción de quinua, afectando el equilibrio ecológico y social de la región», aseguró.
Otro problema es el endeudamiento de Bolivia con empresas extranjeras por más de 2.000 millones de dólares, lo que comprometería la soberanía sobre el litio por al menos 40 años. «Estos contratos nos van a endeudar. No son regalos, son deudas con intereses que garantizan amplias ganancias para las empresas. Este supuesto regalo del litio podría convertirse en una pesadilla», enfatizó el investigador.
Opacidad en contratos y falta de consulta indígena
Solón también criticó que las regalías para Bolivia sean mínimas y que los contratos incluyan cláusulas que impiden su modificación. Además, alertó sobre la falta de información clara sobre licencias ambientales, disponibilidad de salmuera y consumo exacto de agua. «Lo que más necesitamos es información completa y estudios independientes antes de firmar estos contratos», sostuvo.
Finalmente, denunció que los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados, ya que se pretende explotar litio dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Nor Lípez, en Uyuni, Potosí, sin consulta previa a las comunidades, como exige la normativa vigente.
Por su parte, Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), respaldó la necesidad de mayor transparencia. «Existe conflictividad debido a la falta de claridad en estos contratos. El Gobierno ha optado por un camino opaco en su manejo», declaró a Urgente.bo.
El debate sobre la explotación del litio en Bolivia sigue en aumento, mientras expertos y sectores sociales exigen mayor transparencia y estudios ambientales antes de avanzar con los proyectos.
