Los bloqueos de carreteras que persisten desde hace más de un mes en distintas regiones del país han dejado una dolorosa estela de muertes. Al menos 13 personas fallecieron en circunstancias vinculadas directa o indirectamente a las restricciones de transitabilidad, según reportes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La mayoría de las víctimas no pudo acceder a atención médica oportuna, mientras otras quedaron atrapadas en rutas bloqueadas o murieron intentando sortear los cortes por caminos alternos.
La primera víctima reportada fue Anna Enns, una turista procedente de Belice que falleció el 13 de mayo en la localidad fronteriza de Desaguadero. La mujer sufrió una descompensación mientras retornaba hacia Perú, pero no logró recibir asistencia médica a tiempo debido a las interrupciones en las rutas. Un día después, Jhelly Villanueva Medina, de 40 años y paciente renal, perdió la vida cuando su traslado desde Guanay hacia La Paz se retrasó pese a que la ambulancia tomó una ruta alterna por el antiguo Camino de la Muerte.
Ese mismo 14 de mayo también falleció un joven de 20 años en la ciudad de El Alto. Según los informes, sufrió convulsiones en su domicilio y las restricciones de circulación impidieron que pudiera ser trasladado oportunamente a un centro hospitalario especializado. La situación encendió las primeras alertas sobre el impacto de los bloqueos en los servicios de emergencia.
La tragedia continuó el 21 de mayo con la muerte de un niño de 12 años que sufrió un shock séptico mientras era trasladado en una ambulancia. El vehículo quedó detenido en medio de los bloqueos entre Llallagua y Potosí, impidiendo que el menor llegara a una unidad de terapia intensiva. El caso generó una fuerte conmoción nacional por tratarse de una emergencia médica infantil.
El 1 de junio se registró una de las jornadas más dramáticas. Una paciente oncológica de 24 años falleció en Oruro mientras esperaba ser trasladada a La Paz para recibir radioterapia. Su referencia médica había sido programada semanas antes, pero nunca pudo concretarse por los cortes de ruta. Ese mismo día, tres mujeres identificadas como Rosmery R., Justina A. y Lucy T. murieron cuando el camión en el que viajaban se embarrancó en el tramo Cieneguillas-La Plazuela, una vía alterna utilizada para evitar los bloqueos.
La lista de víctimas siguió creciendo el 2 de junio. Un transportista del servicio pesado falleció tras permanecer más de 25 días varado en una carretera paceña. De acuerdo con sus familiares, decidió no abandonar su camión por temor a sufrir robos o perder la mercadería que transportaba. Ese mismo día también murió Miriam, una niña de 12 años de Tambo Quemado que no pudo llegar a La Paz para continuar sus sesiones de quimioterapia.
Las consecuencias humanitarias se agravaron el 3 de junio. Una mujer de 47 años falleció cuando era trasladada al Hospital Holandés; la ambulancia en la que viajaba permaneció retenida durante aproximadamente una hora en un punto de bloqueo en Senkata. Horas después se confirmó la muerte de un profesor rural en Tapacarí, Cochabamba, quien sufrió una descompensación mientras caminaba hacia su unidad educativa debido a la falta de transporte disponible.
A estas víctimas se suma un adulto mayor cuyo fallecimiento fue confirmado por el jefe de la División Homicidios de la FELCC de La Paz, coronel René Tambo. Con 13 personas fallecidas, la crisis ha dejado de ser únicamente un conflicto político y social para convertirse en una emergencia humanitaria. “Cada retraso en la atención médica puede significar una vida perdida”, han advertido profesionales de salud, mientras diversos sectores exigen corredores humanitarios permanentes que garanticen el paso de ambulancias, pacientes y suministros esenciales en todo el territorio nacional.
