El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lanzó una grave denuncia la noche de este jueves: Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, habría huido ilegalmente hacia Brasil, pese a contar con alerta migratoria y orden de aprehensión. La acusación desató una nueva tormenta en torno al caso de presuntas irregularidades dentro de la estatal petrolera.
“La Policía cumple sus funciones, presenta el caso a la Fiscalía, se emite apremio, alerta migratoria y aun así un juez de Santa Cruz lo libera”, cuestionó Oviedo ante la prensa. Minutos después, aseguró que ya existe información oficial de que Dorgathen cruzó la frontera de manera ilegal.
Durante la mañana circularon imágenes del exejecutivo en un hotel cuya ubicación aún no ha sido confirmada, alimentando las sospechas de una fuga planificada. Ninguna autoridad ha precisado el punto exacto desde donde habría salido del país.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, evitó adelantar conclusiones. Señaló que corresponde a la Policía y a Migración esclarecer la salida del exejecutivo. “Si existe una orden de aprehensión y una alerta migratoria, son esas autoridades las que deben informar”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un fallo en los controles del Estado.
Por su parte, el fiscal de Tarija, Jaison Plata, confirmó que Dorgathen figura como investigado por supuestas irregularidades vinculadas al manejo de volúmenes de gas destinados a exportación, denuncia inicialmente presentada por personal de la Aduana Nacional en la frontera con Argentina.
Plata también informó que el Ministerio Público solicitó de manera formal la alerta migratoria para impedir la salida del exfuncionario. “Estamos revisando documentación secuestrada en los operativos y no se descartan nuevas intervenciones en dependencias de YPFB”, adelantó.
La intervención reciente en oficinas de la estatal petrolera en Santa Cruz podría ser solo la primera de varias acciones. Los fiscales analizarán los documentos incautados para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales de funcionarios actuales o exautoridades.
Hasta el cierre de esta edición, YPFB no emitió ningún comunicado oficial sobre los allanamientos, la investigación ni la presunta fuga de su expresidente. El caso apunta a convertirse en uno de los escándalos más delicados del sector energético en los últimos años.
