Un juez determinó este domingo la detención preventiva por seis meses en el penal de Patacamaya para el fotoperiodista Álvaro Valero Laura, acusado de violación en agravio de la periodista Nadia Apaza Ochoa. La joven, quien denunció la agresión en septiembre de 2024, se quitó la vida el pasado viernes tras sufrir una severa depresión derivada de la falta de justicia en su caso.
La audiencia se realizó en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto, mientras familiares y colegas de Apaza le daban el último adiós. La abogada de la familia, Abril Zapata, explicó que, además del proceso por violación, Valero Laura fue aprehendido por homicidio-suicidio, ya que la inacción de las autoridades habría sido un factor determinante en la decisión de la víctima.
Apaza denunció la agresión en septiembre, pero las autoridades no avanzaron en la investigación. En una carta póstuma, la periodista acusó a la suboficial Delia Parra y al fiscal Luis Alberto Bayón de haber obstaculizado el proceso y revictimizado su testimonio. «Me dijeron que era mi culpa y que no iba a proceder», relató en su despedida.
Organizaciones periodísticas, como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz, exigieron sanciones contra los funcionarios responsables de la omisión. En sus reclamos, señalaron que:
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La suboficial Parra debe ser procesada por revictimización al culpar a la víctima y desestimar su denuncia.
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El fiscal Bayón es señalado por negligencia, al no avanzar en la imputación ni recolectar pruebas, vulnerando la Ley 260 que garantiza los derechos de las víctimas.
«Nadia fue abandonada por el sistema«, denunciaron los gremios periodísticos en un comunicado, exigiendo que el caso no quede impune.
Mientras Valero Laura enfrenta su proceso tras las rejas, este caso expone graves fallas en la justicia boliviana para atender la violencia de género. La revictimización y la falta de respuesta estatal han sido señaladas como factores que agravan la crisis de impunidad en el país.
La sociedad y el gremio periodístico han convertido este caso en un llamado urgente a la acción: garantizar justicia para Nadia Apaza y prevenir que más mujeres sean silenciadas por la indiferencia estatal.
