Un juez de Cochabamba ordenó este sábado la detención preventiva durante cuatro meses para 21 de las 66 personas arrestadas el viernes en el puente Parotani. Las acusaciones, interpuestas por la Fiscalía, incluyen cargos de terrorismo, alzamiento armado y delitos graves contra la seguridad del Estado.
Bertha Acarapi, diputada del ala “evista”, detalló que los detenidos serán enviados a los penales de San Pedro, Obrajes y Patacamaya en el departamento de La Paz. “Se ha actuado con severidad en su contra; no sabemos si tendrán un proceso justo en La Paz”, manifestó Acarapi en entrevista con Unitel.
Los incidentes ocurrieron en el marco del operativo “Recuperando la Patria”, donde militares y policías intervinieron los bloqueos en el puente Parotani, un punto clave que conecta Cochabamba con el occidente del país. Según informes oficiales, los manifestantes respondieron con piedras y explosivos, lo que llevó a una respuesta enérgica de las fuerzas de seguridad. “Los bloqueadores estaban bien armados; fue necesario el uso de agentes químicos para evitar un desastre mayor”, señaló un miembro de la Policía.
De los 66 arrestados, 55 fueron llevados a La Paz y actualmente permanecen en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Se ha iniciado una investigación exhaustiva que incluye cargos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado, así como tenencia ilegal de armas y secuestro”, declaró Del Castillo en rueda de prensa.
El operativo en Parotani, ejecutado el viernes, buscaba desarticular los bloqueos que han persistido durante más de dos semanas y que fueron promovidos por grupos afines al expresidente Evo Morales. “El objetivo es preservar la seguridad del país y recuperar la libre circulación en las rutas estratégicas,” añadió el ministro.
Las fuerzas de seguridad reportaron que varios de los detenidos portaban explosivos y otros artefactos peligrosos. “Las armas y cazabobos incautados representan una seria amenaza a la paz pública”, indicó un representante de la Fiscalía.
La situación en Parotani refleja las crecientes tensiones en el país ante las demandas de sectores “evistas” que exigen la renuncia del presidente Luis Arce, y la liberación de sus líderes, incluidos aquellos que enfrentan cargos judiciales de alto perfil.
