Un informe de Observacom señala que 28 medios bolivianos vinculados a exfuncionarios de Evo Morales y Luis Arce recibieron más de medio millón de dólares en contratos de publicidad estatal. El estudio destaca que esta práctica ha excluido a medios independientes, favoreciendo a aquellos alineados con el gobierno.
La investigación, titulada Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en América Latina, identifica cómo «la publicidad oficial se usa como un mecanismo de control para silenciar a los medios críticos y fortalecer a los afines al oficialismo.» El análisis incluyó a 11 países de la región y fue respaldado por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
Entre 2018 y 2023, el Sistema de Compras Estatales (Sicoes) registró 94 contratos de publicidad asignados a medios con baja audiencia pero con vínculos directos con el Poder Ejecutivo. «En 14 casos, los funcionarios públicos firmaron contratos que favorecieron a sus propios medios,» detalla el informe.
«La viabilidad de los medios de comunicación y su financiamiento son esenciales para una sociedad democrática,» argumenta Observacom, citando un documento de la UNESCO. Sin embargo, los gobiernos de Morales y Arce han aplicado políticas de exclusión hacia medios independientes como Página Siete y Los Tiempos.
El documento también resalta que medios como La Razón y Ahora el Pueblo, alineados con el Ejecutivo, concentraron más del 85% del presupuesto estatal para medios impresos, equivalente a 5,3 millones de bolivianos. En contraste, plataformas con mayor tráfico, como El Deber, fueron marginadas.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y otras organizaciones aliadas al gobierno de Arce también recibieron contratos. «Hasta ahora no hemos recibido ni un solo boliviano, pero tenemos contratos de tres años,» declaró Vidal Gómez, representante de Radio Unión, uno de los beneficiados.
Críticos de esta práctica advierten que la distribución desigual de recursos fomenta la censura indirecta y compromete la diversidad informativa. Según Observacom, esta estrategia gubernamental profundiza la asfixia económica de medios independientes, limitando el acceso de la ciudadanía a una información plural.
Mientras tanto, sectores sociales vinculados al oficialismo defienden los contratos como necesarios para sostener sus medios. «Solicitamos más apoyo, porque sostener una radio con 200 mil bolivianos no cubre los gastos,» afirmó Gómez, en referencia a los contratos que incluyen menciones y cuñas radiales con precios que oscilan entre 40 y 90 bolivianos por pase.
La falta de transparencia en la asignación de estos recursos sigue siendo motivo de preocupación en el ámbito mediático boliviano, mientras se exige una reforma que garantice una distribución más justa y equitativa.
