La investigación por presunto sobreprecio en la compra de crudo sacude a YPFB. El Ministerio Público activó nuevas diligencias y citó a declarar a funcionarios vinculados al caso, en el marco de un proceso que indaga posibles irregularidades en contratos firmados con la empresa internacional Trafigura.
El fiscal de materia Omar Enrique Quisbert Rosales emitió citaciones formales para que Gabriela Delgadillo Salazar y Carlos Alfredo Cuellar Pinto comparezcan en calidad de testigos. Ambos deberán presentarse el 24 de abril de 2026 a las 09:00 en dependencias de la FELCC de Santa Cruz, portando su cédula de identidad.
De acuerdo con el expediente 201102012600923, el caso fue impulsado a denuncia de Rolando Santos Pacheco Chávez y se investiga por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 221 y 154 del Código Penal.
La Fiscalía advirtió que la comparecencia es obligatoria. En caso de inasistencia, se aplicará el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, que habilita la emisión de mandamientos de aprehensión. “Las citaciones deben ser cumplidas conforme a ley”, señala el documento oficial.
El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión tras la denuncia pública de la red DTV, que expuso posibles irregularidades en los contratos de importación de crudo suscritos entre YPFB y Trafigura, generando cuestionamientos sobre la transparencia en las negociaciones.
Según esa denuncia, los contratos iniciales incluían un “premio por barril” significativamente superior al de operaciones anteriores, alcanzando valores de hasta 22,88 dólares por barril, frente a referencias cercanas a 18,41 dólares, lo que podría implicar un sobreprecio millonario.
Tras la difusión del caso, se produjo una reacción institucional. YPFB suscribió una adenda que redujo los precios establecidos en los contratos, llegando incluso —en algunos casos— a valores por debajo de los inicialmente observados, lo que reforzó las sospechas sobre las condiciones originales de negociación.
La unidad especializada en delitos anticorrupción, legitimación de ganancias ilícitas y delitos económicos lidera las pesquisas. Mientras avanzan las diligencias, el caso pone bajo la lupa a la estatal petrolera y abre interrogantes sobre la gestión de recursos estratégicos. “Se busca establecer responsabilidades y determinar si hubo daño económico al Estado”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
