La eliminación de varias cuentas en redes sociales vinculadas al medio digital DTV Detrás de la Verdad y al comunicador Junior Arias desató una nueva polémica en Bolivia, con denuncias de censura digital y posible operación coordinada para silenciar contenidos críticos al Gobierno.
Al menos cuatro páginas de Facebook y dos cuentas de TikTok fueron eliminadas sin explicación pública, afectando no solo a sus administradores, sino también a miles de seguidores que consumían información diaria. “No es un simple error técnico, aquí hay un patrón que se repite”, denuncian desde el entorno del medio afectado.
El caso reabre el debate sobre el control de la narrativa digital en el país, un fenómeno que, según analistas, se remonta a 2016, tras el referéndum del 21F, cuando el oficialismo comenzó a estructurar estrategias más agresivas en redes sociales. Ese mismo año, mediante el Decreto Supremo 2731, se creó una unidad estatal orientada a gestionar la presencia digital gubernamental.
Desde entonces, diversas investigaciones periodísticas y reportes independientes han señalado la existencia de los llamados “guerreros digitales”, equipos organizados que operan con recursos públicos para influir en la opinión pública. “No eran usuarios espontáneos, eran estructuras con formación, jerarquía y financiamiento”, sostienen reportes difundidos por medios como Página Siete, ANF y ERBOL.
Entre 2018 y 2023, estas redes habrían evolucionado hacia sistemas más complejos, incluyendo uso de bots, cuentas falsas y campañas coordinadas de desprestigio. Medios como Brújula Digital y Cabildeo Digital denunciaron ataques cibernéticos, bloqueos y hostigamiento digital, en algunos casos documentados con peritajes técnicos.
El punto más crítico llegó en febrero de 2023, cuando la empresa Meta reveló la eliminación de una red masiva vinculada a Bolivia por “comportamiento inauténtico coordinado”. El informe detalló la baja de más de 1.000 cuentas, 450 páginas y decenas de grupos, además de inversiones superiores a 1,1 millones de dólares en publicidad política, confirmando la existencia de estructuras organizadas para influir en el debate público.
Investigaciones adicionales, como las difundidas por la plataforma Chequea Bolivia, describen un funcionamiento militar de estas redes: grupos en WhatsApp y Telegram, órdenes centralizadas y objetivos políticos definidos. “La consigna era influir y neutralizar voces críticas mediante presión digital”, señala uno de sus reportes.
En ese contexto, el reciente cierre de cuentas de DTV ocurre luego de publicaciones sobre temas sensibles como la calidad de combustibles y la gestión en YPFB. “Coincidencia o no, el resultado es el mismo: silencio digital inmediato”, advierten desde el sector, que también denunció reportes masivos coordinados y acusaciones de suplantación como mecanismo para forzar la eliminación.
El caso deja una interrogante abierta sobre la libertad de expresión en entornos digitales. Mientras no existe una explicación oficial clara, crece la preocupación por un escenario en el que, según críticos, ya no se necesita cerrar medios físicamente: basta con activar redes, presionar algoritmos y desaparecer voces incómodas con un clic.
