Un nuevo revés internacional golpea a Bolivia. El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó el recurso del Estado y ratificó la obligación de pagar 105 millones de dólares al banco español BBVA, cerrando una disputa que se arrastraba por más de una década.
La decisión consolida el laudo arbitral emitido en 2022 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial que falló a favor de BBVA tras una demanda iniciada en 2018.
El origen del conflicto se remonta a 2010, cuando durante el gobierno de Evo Morales el Estado nacionalizó el sistema privado de pensiones, asumiendo el control de las AFP, entre ellas Previsión BBVA. Sin embargo, el litigio no cuestionó la nacionalización en sí, sino la forma en que fue ejecutada.
Según el banco, el proceso estuvo marcado por demoras prolongadas, incertidumbre jurídica y decisiones arbitrarias que afectaron directamente sus operaciones. “No se trató de la política, sino de cómo se implementó”, sostuvieron fuentes vinculadas al caso.
El fallo llega en un momento crítico para la actual administración de Rodrigo Paz, que enfrenta un escenario económico complejo con escasez de divisas, presión sobre combustibles y creciente tensión fiscal. La indemnización se convierte ahora en una carga adicional para las finanzas públicas.
Expertos en arbitraje internacional coinciden en que este tipo de decisiones envían señales claras sobre la importancia de la seguridad jurídica. “Los Estados pueden ejercer soberanía, pero deben garantizar reglas claras y procesos ordenados”, advierten analistas consultados en reportes especializados.
El caso también evidenció problemas estructurales durante la transición, como fallas en el traspaso de datos informáticos de las AFP y retrasos administrativos, factores que prolongaron el litigio por más de diez años y terminaron fortaleciendo la posición del demandante.
Hasta ahora, BBVA no ha emitido una reacción oficial tras el fallo definitivo. Mientras tanto, Bolivia enfrenta la obligación de cumplir con el pago, cerrando un proceso que deja una lección costosa: las decisiones estatales mal ejecutadas pueden traducirse en sanciones millonarias en el ámbito internacional.
