El Gobierno de Bolivia ha dado un golpe de timón en su política comercial con una medida que beneficiará directamente a los consumidores. Mediante el Decreto Supremo 5518, se ha establecido una tasa arancelaria del 0% para la importación de una amplia gama de dispositivos electrónicos, una decisión que busca aliviar la carga económica frente al alza de costos logísticos globales.
La norma, firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y todo su gabinete ministerial, deroga temporalmente cualquier gravamen sobre estos productos, llevando la alícuota a cero. Esto aplica para artículos identificados en un listado específico de subpartidas arancelarias que forma parte integral del decreto. “Es necesario adoptar medidas arancelarias para facilitar el acceso a dispositivos electrónicos”, se argumenta en el documento oficial, citando la dinámica del comercio exterior.
La vigencia de esta excepción tributaria se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, dando un horizonte de más de dos años de estabilidad para importadores y comercios. La medida entrará en vigor tres días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, tal como establece su disposición transitoria.
Esta acción se enmarca en las competencias exclusivas del nivel central del Estado en materia de régimen aduanero y comercio exterior, conforme a la Constitución Política. Además, se basa en leyes como la Ley General de Aduanas y el Código Tributario Boliviano, que facultan al Ejecutivo a fijar las alícuotas arancelarias.
El impacto esperado es directo: reducir el precio final de artículos como teléfonos móviles, tablets, computadoras y otros equipos electrónicos para el bolsillo de los ciudadanos. En un contexto de incremento de costos logísticos internacionales, la eliminación del arancel busca compensar parcialmente esa presión y estimular el mercado interno.
“El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo”, se lee al final del texto. Esto garantiza que la aplicación sea supervisada desde la máxima autoridad económica del país, asegurando su implementación efectiva.
La firma del decreto contó con la rúbrita de todos los ministros de Estado, mostrando un consenso gubernamental en una medida de claro corte popular. La decisión invierte la lógica de una estructura arancelaria que antes aplicaba tasas de hasta el 40%, marcando un giro hacia la liberalización temporal de este segmento de importaciones.
Con esto, Bolivia se suma a los países que utilizan políticas arancelarias activas para promover la inclusión digital y aliviar la inflación en bienes tecnológicos. La medida será vigilada en su ejecución, mientras los consumidores aguardan su reflejo en los precios de estantería en los próximos meses.
