La jornada judicial de este sábado terminó con un giro dramático para Lidia Patty, exdiputada del MAS, luego de que un juez de Instrucción Penal Anticorrupción ordenara su detención preventiva en el penal de mujeres de Obrajes por cuatro meses. La exlegisladora no pudo contener las lágrimas al escuchar la decisión y, según testigos, se tiró al suelo en pleno juzgado, en una escena que causó conmoción entre los presentes.
Patty es investigada por el presunto desvío de 700 mil bolivianos del exFondo Indígena, recursos que debían financiar proyectos de producción de tomate en ocho comunidades. La Fiscalía sostiene que existen indicios sólidos de responsabilidad y un alto riesgo de obstaculización, lo que justificó la medida cautelar.
La situación judicial de la exdiputada se complicó aún más tras conocerse que habrían surgido nuevos depósitos millonarios en sus cuentas, información que, según fuentes del caso, será incorporada en las próximas etapas de investigación. Para los investigadores, esto abre la posibilidad de ampliar el proceso.
El abogado defensor denunció un proceso arbitrario y aseguró que recurrirán nuevamente a instancias constitucionales. “Vamos a presentar una tercera Acción de Libertad el domingo. Ya estamos trabajando en eso desde esta noche”, afirmó, cuestionando la imparcialidad del juzgador y el actuar del Ministerio Público.
A sus 56 años, Patty enfrenta el proceso más complejo de su vida política. Irónicamente, fue ella quien denunció un supuesto “golpe de Estado” en 2019, detonando los procesos contra la expresidenta Jeanine Añez y varias exautoridades. Hoy, sin embargo, es su nombre el que ocupa el centro del debate nacional.
El ingreso de la exparlamentaria al penal de Obrajes se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Fuentes penitenciarias confirmaron que fue trasladada directamente a una celda de observación mientras se cumplen los protocolos habituales para presas preventivas.
En el entorno del MAS, la noticia generó división. Algunos sectores pidieron respetar el debido proceso, mientras otros calificaron la decisión como una señal de “persecución selectiva” dentro del reacomodo político actual. Ninguno, sin embargo, negó la gravedad de las acusaciones.
La investigación continuará en las próximas semanas, con la expectativa puesta en los movimientos bancarios revelados recientemente. El caso, por su carga política y económica, amenaza con convertirse en uno de los más explosivos de fin de año.
