En un giro sorprendente, el transporte público de El Alto ha comenzado a aplicar una tarifa nocturna de Bs 2 a partir de las 20:00, contradiciendo lo establecido en el acuerdo previo con la alcaldesa Eva Copa. Aunque dicho acuerdo establece un pasaje único de Bs 1,50 de parada a parada, los choferes han decidido unilateralmente incrementar la tarifa en horario nocturno.
Reynaldo Luna, ejecutivo de la Federación Andina de Chóferes de El Alto, informó sobre este cambio alegando que la tarifa nocturna ya se había discutido con los dirigentes de las juntas vecinales. Sin embargo, esta adición no se refleja en el acuerdo oficial. Luna admitió que «ese punto no se encuentra en el acuerdo, pero que se había hecho conocer a los dirigentes de las juntas vecinales».
Este movimiento ha generado preocupación y descontento entre la población, así como cuestionamientos a la alcaldesa Eva Copa. Fabiola Furuya, concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló a la ANF que esta acción es «una arbitrariedad» y que la alcaldesa no especificó la tarifa nocturna en el acuerdo. Furuya expresó sus dudas sobre si este cambio fue acordado de manera transparente.
Ante las críticas, Luna defendió la implementación de la tarifa nocturna, argumentando que en esos horarios salen con pocos pasajeros hacia la Ceja y necesitan completar la renta. Además, aseguró que esta tarifa ha sido una práctica conocida en la ciudad por mucho tiempo y que su propósito es equilibrar los ingresos en horarios de menor demanda.
La alcaldesa Eva Copa advirtió que se tomarán medidas enérgicas contra los transportistas que no cumplan con el acuerdo suscrito. Afirmó que se eliminará el trameaje y se establecerá una tarifa justa. Sin embargo, desde el miércoles se ha observado un incumplimiento de los choferes respecto al acuerdo, ya que no están siguiendo sus rutas establecidas y están cobrando tarifas no acordadas.
El descontento en la población y las discrepancias entre los transportistas y la alcaldía ponen en relieve la importancia de una comunicación clara y una aplicación efectiva de los acuerdos en beneficio de la comunidad. La falta de control por parte de la guardia municipal también ha sido señalada como un factor que contribuye al incumplimiento de las normas.
