La presión indígena y campesina toma fuerza en Bolivia. Este lunes, organizaciones de tierras altas y bajas inauguraron el Encuentro por la Tierra y Territorio, impulsado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), con un objetivo central: lograr la abrogación de la Ley 1720 y frenar políticas que consideran lesivas para sus territorios.
Desde el inicio del evento, los participantes marcaron una postura firme contra el proyecto de Ley 060 de mercados de carbono, al que calificaron como una “falsa solución ambiental”. Denuncian que estas iniciativas se promueven sin consulta previa ni consentimiento de los pueblos indígenas, vulnerando estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
El encuentro congrega a cerca de 200 representantes de 28 organizaciones indígenas de todo el país, consolidándose como un espacio clave de articulación frente a lo que consideran una reconfiguración del régimen agrario y el avance de políticas extractivas que afectan directamente a sus territorios.
Uno de los puntos más cuestionados es la transformación normativa de la Ley 157 en la actual Ley 1720, que permite la conversión de pequeñas propiedades en medianas y suspende la verificación de la Función Económico Social (FES) por diez años. Según los participantes, esto podría derivar en concentración de tierras y debilitamiento de la propiedad colectiva indígena.
En ese contexto, se integró a la agenda la marcha indígena impulsada desde Pando, como parte de una estrategia nacional de resistencia. La vocera del BOCINAB, Vivian Palomequi, fue enfática: “Queremos que de este Encuentro salgan decisiones concretas para fortalecer nuestras medidas de lucha”.
Por su parte, la presidenta de la CNAMIB, Wilma Mendoza, subrayó el carácter político del encuentro. “Buscamos construir una agenda propia desde las organizaciones para posicionarnos frente a las políticas públicas”, afirmó, destacando la necesidad de incidir directamente en las decisiones estatales.
Durante la jornada, se analizó el contexto nacional en sus dimensiones política, económica y ambiental. Las organizaciones identificaron amenazas vinculadas a transgénicos, minería, hidrocarburos y mercados de carbono, advirtiendo que forman parte de un mismo modelo que profundiza el extractivismo y la presión sobre los territorios indígenas.
El debate también abordó fenómenos como la descampesinización, el mercado de tierras y la inseguridad alimentaria, considerados efectos directos de las actuales políticas agrarias. En esa línea, la dirigente indígena Nelly Romero lanzó un mensaje contundente: “No somos recién nacidos; sabemos caminar y defender nuestro futuro”.
La jornada concluyó con acuerdos preliminares para construir una Agenda Nacional de Tierra y Territorio, que será consolidada en los próximos días. El encuentro continuará con el análisis del Foro Social Panamazónico y la articulación regional, en medio de un escenario donde los pueblos indígenas buscan unidad y acción frente a decisiones que consideran determinantes para su supervivencia territorial.
