La tensión crece en el municipio de Pojo tras la denuncia de comunarios que aseguran haber descubierto maquinaria pesada operando dentro del Área Protegida Parque Nacional Carrasco, una de las reservas de biodiversidad más importantes del país. El hallazgo se produjo el pasado 19 de octubre en el sector del sindicato Pampa Colorada.
Según los denunciantes, en el lugar se constató la apertura ilegal de un camino de aproximadamente 2 kilómetros, construido a orillas de un río cercano. “La maquinaria ingresó sin autorización y avanzó rápidamente”, relataron los comunarios, quienes presumen que los responsables abandonaron la zona el sábado por la noche tras hacerse públicas las primeras alertas.
Lo que más preocupa a los habitantes de Pojo es que, a pesar de la gravedad del hecho, ninguna autoridad estatal se ha hecho presente. “Hasta ahora no apareció el INRA, la ABT, la Fiscalía ni ninguna institución con competencia en áreas protegidas”, lamentaron.
Los comunarios señalan que los avasalladores no solo evadieron controles, sino que habrían manifestado su intención de continuar con la apertura de caminos, como ya lo hicieron en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, además de sectores vinculados a la subcentral Pampas Amarillas.
Organizaciones locales advierten que esta situación se repite desde hace meses y que la ausencia de acciones concretas por parte de la administración del Parque Nacional Carrasco ha permitido el avance sostenido de grupos interculturales dedicados a actividades ilegales. Estas incursiones, aseguran, ponen en riesgo directo a flora, fauna y ecosistemas de alto valor ecológico.
“Están destruyendo una zona de enorme riqueza natural ante la mirada pasiva de las instituciones”, denunciaron pobladores que participaron de la inspección. Las comunidades temen que, de no frenarse ahora, el daño ambiental sea irreversible.
Los denunciantes recordaron que el Parque Carrasco es considerado un patrimonio natural de Bolivia y que cualquier intervención no autorizada constituye un delito ambiental. Por ello, exigieron que se active de inmediato un operativo conjunto de las entidades competentes.
Finalmente, los comunarios pidieron “una intervención urgente y sanciones ejemplares” para evitar que estos atropellos se consoliden y sigan afectando un área protegida clave para la región y el país.
