El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, denunció que Bolivia deberá pagar 10 millones de dólares a la empresa Shell, tras haber perdido un laudo arbitral en tribunales internacionales. La decisión afecta directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según Ormachea, Shell había reclamado inicialmente 26 millones de dólares, pero el laudo arbitral determinó una compensación menor, aunque igualmente significativa, para la petrolera. «Este es un reflejo de la falta de preparación de nuestras autoridades, en especial de la Procuraduría General del Estado (PGE), para enfrentar litigios internacionales», declaró el legislador.
El diputado también expresó su preocupación por las consecuencias económicas de este fallo. «Una vez más, la inoperancia de este Gobierno y del Gobierno de Evo Morales nos lleva a una debacle económica, a una catástrofe», subrayó Ormachea, lamentando que Bolivia deba desembolsar 10 millones de dólares para cumplir con esta obligación.
El conflicto surgió cuando, en marzo de 2020, Shell Bolivia Corporation notificó su intención de acudir a arbitraje contra YPFB, exigiendo el pago de 26 millones de dólares por deudas de producción e incentivos que databan de años anteriores. A pesar de los esfuerzos de la empresa por resolver el conflicto, las autoridades bolivianas no lograron evitar la demanda.
La PGE ha sido criticada por no haber seguido el protocolo adecuado ante las notificaciones de arbitraje, lo que según Ormachea, agravó la situación. «Es inaceptable que no se haya tomado en serio este reclamo desde el principio», comentó el diputado.
Shell, que opera en Bolivia desde el año 2000, mantiene una presencia significativa en el país a través del Bloque La Vertiente y la exploración de otras áreas importantes como Huacareta y Margarita. La empresa ha sido una figura central en el sector energético boliviano, y esta victoria en el arbitraje refuerza su posición en la región.
El fallo a favor de Shell pone de relieve la necesidad de que Bolivia fortalezca sus defensas legales en casos internacionales para evitar futuros pagos que impacten negativamente en la economía nacional.
