El número de presos políticos en Cuba ascendió a 1.119 en julio, según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders. Este aumento de tres personas respecto al mes anterior refleja la intensificación de la represión en la isla, especialmente en un mes marcado por el aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021.
“En el aniversario del 11J, la miseria, la represión total del pueblo, el miedo de los ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de personas cada mes y el dolor de las familias y presos, todos ellos torturados de las formas más viles posibles en prisión, sin atención médica ni alimentación adecuada, entre otras desgracias, describen la realidad cubana actual”, subrayó el informe.
En diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, explicó que de los 1.119 prisioneros políticos, 30 fueron detenidos siendo menores de edad. “Son 29 chicos y una chica. 28 de ellos aún cumplen sentencia y dos siguen en proceso penal sin tutela judicial alguna. Quince de estos menores ya han sido condenados por sedición, con una pena media de cinco años de prisión”, detalló Larrondo.
Además, el informe denunció que 324 presos políticos padecen enfermedades graves sin recibir el tratamiento médico necesario. “Hemos confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y la falta de atención médica adecuada”, agregó Larrondo, subrayando la crítica situación que enfrentan los detenidos.
La represión en julio también se extendió a activistas y periodistas independientes. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció un alarmante incremento en las violaciones a la libertad de prensa, señalando que el régimen cubano intensificó su ofensiva contra los medios independientes y sus periodistas en un intento de silenciar cualquier recuerdo de las protestas del 11J.
«Desde los días previos al 11 de julio, el régimen cubano emprendió una fuerte escalada represiva contra periodistas y activistas, utilizando sus habituales métodos coercitivos para silenciar las voces de los ciudadanos», indicó ICLEP en su informe. Este incluye detalles sobre las citaciones y amenazas sufridas por periodistas como Orlidia Barceló Pérez, Juan Manuel Moreno Borrego, Mabel Páez, y Antonio Suárez Fonticiella, quienes fueron interrogados y presionados para no reportar ningún incidente relacionado con el aniversario del 11J.
Finalmente, el informe mencionó el caso de Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), quien fue detenido el 20 de junio y condenado a dos años de prisión por “resistencia” y “desacato” en un juicio que la organización calificó de arbitrario. “Actualmente, Mario Alberto está sufriendo todo tipo de golpizas y otros tipos de torturas y maltratos”, denunció Prisoners Defenders.
