Mayor desincentivo a los empresas, más riesgo de defraudación y menores posibilidades de formalización de la economía son algunos de los efectos que causa el alto grado de esfuerzo fiscal en Bolivia, donde en las últimas semanas se ha abierto un intenso debate sobre la intención del Gobierno de modificar las normativas vigentes, para cobrar impuestos a los servicios digitales provistos desde el exterior.
En ese sentido, es necesario analizar tanto los argumentos a favor y en contra como los posibles impactos que tendría dicha medida económica en los hogares bolivianos y, además, su la relación con la presión tributaria.
Para empezar, se debe destacar que todos formamos parte del sistema tributario y todos pagamos impuestos, tanto un gran empresario, importador, como un pequeño emprendedor o un comerciante informal. Sin embargo, de diferentes maneras.
Para explicarlo en palabras sencillas: por una parte, los formales (por ejemplo, micro, pequeños y medianos empresarios) pagan el impuesto al valor agregado (IVA) del 13%, el impuesto a las transacciones (IT) del 3% y el impuesto a las utilidades (IUE) del 5%, mientras que, por otra parte, los informales (por ejemplo, vendedores callejeros) solamente tributan indirectamente, a través del IVA, cuando consumen algún bien o servicio con factura. Por ello, se dice que para las empresas es increiblemente complicado llegar a fin de mes y que el sistema tributario nacional se sustenta escencialmente por los impuestos indirectos.
Dicho lo cual, y tomando en cuenta que el país atraviesa una situación inédita por la coronacrisis, ¿es acertado anunciar que los usuarios de servicios digitales deberán tributar más?
Pros y contras
Bajo el supuesto de que se amplie el alcance del IVA, modificando la ley 843, y se cobre impuestos a los servicios provistos desde el exterior, que sean consumidos, utilizados o explotados en territorio nacional. Cada vez que un usuario consuma un servicio premium de Netflix, YouTube, Spotify, Google, Facebook o Zoom, por mencionar algunos ejemplos, debería pagar con una tarjeta de crédito o débito, entonces, los bancos actuarían como entes de retención.
En ese marco, el Gobierno recaudaría un monto determinado —por el momento, muy difícil de cuantificar—, para disponer del mismo. Lo cual podría ser positivo para invertirlo, por ejemplo, en un fondo para créditos o cualquier medida que apoye la reactivación económica.
No obstante, la evidencia empírica nos ha demostrado que el sistema tributario boliviano, ya explicado, tiene un carácter inequitativo (ya que permite que muchas personas puedan acumular riquezas sin que estas sean compartidas con el Gobierno) y no garantiza la optima redistribución de las recaudaciones.
Se debe destacar que no se realizaría ningún cobro de impuestos a los servicios gratuitos, sino solo a los de pago. Entonces, esto incrementaría la recaudación del Gobierno, pero no garantizaría su redistribución. Por lo tanto, si bien se solicitaría a “las grandes empresas internacionales” tributar, estas pasarían el cargo a los consumidores finales (los usuarios) —aunque existe la posibilidad de que las mismas empresas cubran cierto porcentaje del IVA, para mantenerse atractivos ante los bolivianos—.
Impactos
El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, explicó que el IVA a los servicios digitales ya se cobra en otros países como Uruguay con una alícuota del 22% o en Argentina con el 21% y remarcó que en el país se aplicará solamente el 13% correspondiente.
En esa línea, el economista Wilson Atahuichi afirmó en su columna de opinión (del 5 mayo en Página Siete) que los ingresos tributarios generados por el impuesto a los servicios digitales serán “una fuente importante de recursos a inyectarse en el Tesoro General de la Nación, los cuales serán coparticipados entre universidades públicas y municipios, además de ser necesarios para financiar las políticas de lucha contra el Covid-19 en el país”. En una entrevista por redes sociales (en el programa “En tela de juicio”), el experto incluso se burló del monto extra del IVA que las familias deberían pagar por los servicios digitales.
De esa manera, Morales y Atahuichi desestimaron, en cierta forma, el tema de fondo: el peso que cargan los bolivianos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Pues, un aparentemente “pequeño pago extra” implica grandes sacrificios, por ejemplo, para una familia, que tiene el servicio de Netflix, un centro educativo, que tiene un servicio de Zoom para sus clases, o un empresario, que promociona sus productos y servicios por Facebook.
Presión y esfuerzo fiscal
En Bolivia, la presión fiscal, es decir, la cantidad de dinero que el Gobierno recibe en concepto de impuestos por parte de los ciudadanos, se estima actualmente en un rango de entre 20% y 25% que varía porque el total de ingresos tributarios fue impactado por las crisis políticas (2019) y económicas (2020-2021). Esta aproximación se considera media-alta. En otros países como Alemania la presión fiscal oscila entre 40 y 43%. Sin embargo, queda claro que no es lo mismo para un europeo pagar impuestos cuando sus ingresos son tan altos que le permiten irse de vacaciones a lugares exóticos que para un boliviano que debe contar las monedas sobrantes cada semana. En ese sentido, se resalta que Bolivia tiene un nivel muy alto de esfuerzo fiscal que, explicado facilmente es el índice de sacrificio que debe hacer un ciudadano para pagar sus impuestos.
Por ende, el IVA a los servicios digitales implicaría un aumento de la presión tributaria y del esfuerzo fiscal para las familias. A su vez, significaría mayor desincentivo a los empresas, más riesgo de defraudación y menores posibilidades de formalización. Para ilustrarlo gráficamente, los bolivianos están subiendo una montaña con sus familias en la espalda y el Gobierno, con este tipo de medidas, está incrementando no solo el alto de la montaña (presión fiscal), sino también el peso que llevan en su espalda (esfuerzo fiscal).
En conclusión, el debate sobre el sistema tributario nacional es legítimo, justo y necesario, pues, urge una reforma a la legislación tributaria. ¿Usted qué opina?
Autor: Carlos Andrés Torrico Monzón
Carlos Andrés Torrico Monzón es director del Círculo de Investigación en Estudios para el Desarrollo de Latinoamérica (CIED-Latinoamérica), investigador socioeconómico, escritor y periodista.
