El Gobierno de Bolivia declaró Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el país, activando un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis estructural que, según el Ejecutivo, amenaza la estabilidad nacional. El Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, busca estabilizar la macroeconomía, recuperar liquidez, fortalecer reservas y garantizar energía y combustibles.
Entre las medidas sociales más relevantes, el decreto fija el Salario Mínimo Nacional en Bs 3.300, con un incremento del 20%, y crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará Bs 150 mensuales durante hasta un año a los sectores más vulnerables. Además, se incrementa la Renta Dignidad en Bs 150 y se confirma el Bono Juancito Pinto 2026 en Bs 300 por estudiante.
El Ejecutivo atribuye la crisis a la gestión anterior y habla de un escenario crítico: desabastecimiento histórico de combustibles, paralización productiva, inflación y un déficit fiscal acumulado superior a USD 30.000 millones en cinco años. Según el decreto, las reservas internacionales cayeron de USD 15.100 millones en 2014 a USD 2.300 millones en 2023, mientras el oro monetario del BCB se redujo drásticamente.
En el eje energético, el Gobierno reconoce que el subsidio a los combustibles se volvió insostenible, alimentando un contrabando estimado en 30% de la producción nacional. “La eliminación del subsidio no significa abandono, sino orden y redistribución real”, sostiene el documento, que denuncia además sobrefacturación de importaciones y complicidad de funcionarios.
Como parte del giro económico, se crea un Régimen Extraordinario de Promoción de Inversiones, con estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, priorizando minería, hidrocarburos, energía, agroindustria e infraestructura. Se implementa un procedimiento FAST TRACK de 30 días y una Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas, bajo tuición de Cancillería.
En materia fiscal y tributaria, el decreto introduce incentivos a la producción nacional, como deducciones impositivas, depreciación acelerada de activos, y un monotributo del 5% (SIETE-RG) para pequeños emprendedores. En comercio exterior, se liberan exportaciones clave y se eliminan autorizaciones previas para agilizar el abastecimiento interno.
El decreto también fija nuevos precios transitorios de combustibles por seis meses, entre ellos gasolina especial a Bs 6,96, diésel a Bs 9,80 y gasolina premium a Bs 11, además de retirar temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas. En el sistema financiero, se habilita el diferimiento de créditos por hasta seis meses, sin penalizaciones ni afectación del historial crediticio.
Finalmente, el Gobierno activa auditorías exprés, un régimen de repatriación de capitales y ordena al Banco Central transitar hacia un nuevo régimen cambiario. “Este decreto tiene prelación sobre cualquier norma incompatible mientras dure la emergencia”, señala el texto, que obliga a reportes bimestrales y coordinación total del Estado, marcando uno de los virajes económicos más profundos de los últimos años.
