La polémica propuesta de Rodrigo Paz, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de nacionalizar autos ilegales, generó repercusiones internacionales y encendió las alarmas en Chile, donde las denuncias por robo de vehículos se dispararon en las últimas semanas.
El director del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), Hugo Bustos, no dudó en calificar la iniciativa como “una apología del delito”. Según señaló, este tipo de mensajes electorales no solo alientan la internación irregular de motorizados en Bolivia, sino que también fortalecen el accionar de mafias que operan a ambos lados de la frontera.
En sus últimas declaraciones, Paz minimizó el hecho de que muchos de los autos ilegales provengan de atracos, secuestros e incluso asesinatos en países vecinos. Llegó a insinuar, además, que la policía chilena estaría involucrada en el tráfico de motorizados hacia territorio boliviano.
Las palabras del presidenciable boliviano encontraron un fuerte rechazo en Chile. El candidato a diputado Sebastián Huerta advirtió la semana pasada que la promesa electoral de Paz y su compañero de fórmula, Edman Lara, está generando un incentivo directo para que los delincuentes roben más vehículos en su país. “Es una irresponsabilidad que afecta directamente a la seguridad de los chilenos”, remarcó.
La situación preocupa al mundo político chileno, que ya incorporó el tema en la campaña rumbo a las elecciones de noviembre. “Hoy el robo de autos no solo es un problema de seguridad, es un problema político”, afirmó Huerta, quien pidió a las autoridades bolivianas pronunciarse oficialmente frente a estas declaraciones.
Por su parte, Hugo Bustos sostuvo que el crimen asociado al robo de vehículos ha mostrado un aumento significativo en los últimos días, confirmando que las mafias están aprovechando la expectativa de una eventual amnistía en Bolivia. “Lo que dicen los candidatos allá repercute aquí de inmediato”, alertó.
El binomio Paz-Lara, que busca llegar al poder el próximo 19 de octubre, insiste en que su propuesta busca formalizar a los propietarios de autos ilegales en Bolivia. Sin embargo, en Chile se interpreta como una señal de impunidad que fortalece las redes criminales.
El tema ya escaló a nivel diplomático, pues las críticas desde el país vecino se suman a las voces internas que cuestionan la falta de seriedad y el alto costo internacional que puede acarrear esta promesa de campaña. La presión sobre Paz aumenta, y su propuesta lo coloca en el centro de una tormenta política con alcance regional.
