El Gobierno nacional dio un giro radical en la gestión pública al aprobar el Decreto Supremo 5600, una norma que elimina de raíz el sistema de contrataciones directas que operó durante casi 20 años en Bolivia, obligando desde ahora a realizar licitaciones públicas en todo el Estado.
La medida, anunciada desde el Ministerio de la Presidencia, deroga más de 160 decretos supremos que permitían adjudicar contratos sin competencia. “Vamos a eliminar todos los mecanismos de direccionamiento. Tiene que haber responsables y procesos”, afirmó el ministro José Luis Lupo, anticipando una revisión profunda del pasado.
El alcance del decreto es contundente: todas las compras estatales deberán someterse a procesos competitivos y transparentes, bajo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Se cierra así una puerta clave a la discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
El presidente Rodrigo Paz fue más allá y apuntó directamente a los incentivos políticos detrás de estas prácticas. “Se acabaron las peleas por el ‘bolígrafo’ de las contrataciones directas”, declaró, sugiriendo que muchos cargos públicos eran utilizados para acceder a negocios estatales antes que para gestionar desarrollo.
Durante años, este esquema permitió que entidades públicas seleccionaran proveedores sin competencia ni comparación de ofertas, lo que, según expertos en gestión pública y organismos internacionales como el Banco Mundial, incrementa riesgos de corrupción, sobreprecios y baja eficiencia en el gasto.
El nuevo marco normativo busca revertir esa lógica estructural. Más competencia, mejores precios y mayor control ciudadano son los pilares que el Ejecutivo promete implementar con esta reforma, considerada una de las más drásticas en materia de contrataciones estatales.
Además, el decreto instruye un relevamiento exhaustivo de todas las contrataciones directas realizadas en años anteriores, con el objetivo de detectar irregularidades. Este proceso será reglamentado en un plazo de 30 días, marcando el inicio de posibles auditorías y responsabilidades legales.
Pese al cambio, el Gobierno aclaró que los contratos ya iniciados continuarán bajo la normativa anterior, garantizando seguridad jurídica. Con esta decisión, Bolivia entra en una nueva etapa de control y transparencia, en la que el manejo de recursos públicos queda bajo mayor escrutinio y reglas más estrictas.
