El Poder Judicial de Perú lanzó este martes un golpe histórico al condenar a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra, tras hallarlo responsable de delitos de corrupción relacionados con la adjudicación de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La sentencia remueve nuevamente el escenario político peruano, marcado por escándalos de alto nivel durante los últimos años.
El fallo concluye que Vizcarra participó en “actos ilícitos de direccionamiento y favorecimiento empresarial”, dentro de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, obras que según la acusación generaron un perjuicio económico al Estado. Para la Fiscalía, los hechos demostraron la existencia de pagos indebidos y acuerdos irregulares durante la administración del entonces gobernador.
Además de la pena privativa de libertad, la resolución incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil cuyo monto será determinado por instancias complementarias. La medida busca impedir que el exmandatario retorne a la función pública mientras el país sigue lidiando con una crisis de credibilidad institucional.
La defensa del exmandatario reaccionó de inmediato calificando la sentencia como “desproporcionada y políticamente motivada”. Su abogado declaró a medios locales: “Esta es una decisión sin sustento jurídico. Demostraremos en segunda instancia que el expresidente es inocente”, anticipando un proceso de apelación que podría prolongar el caso por varios meses.
Vizcarra, quien no se pronunció públicamente tras la lectura del fallo, había negado reiteradamente cualquier participación en actos de corrupción. Durante el juicio, insistió en que se trataba de “una maniobra para desprestigiar una gestión basada en la transparencia”, señalando supuestas presiones políticas contra su figura desde su salida de la Presidencia.
El caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua se remonta a los años previos a su llegada a Palacio de Gobierno, cuando Vizcarra ejercía como gobernador regional y tuvo control directo sobre los procesos de adjudicación. Investigaciones posteriores detectaron presuntas irregularidades, reuniones no declaradas y vínculos con empresas contratistas que habrían sido beneficiadas.
Analistas políticos señalan que la sentencia agrava la inestabilidad de un país que ya suma múltiples expresidentes investigados, procesados o encarcelados por corrupción. “Es un síntoma de un sistema que necesita urgentemente reformas profundas”, advirtió un especialista en derecho penal peruano consultado por la prensa.
El caso ahora pasa a segunda instancia, donde se definirá si la sentencia se mantiene, se reduce o se anula. Mientras tanto, el nombre de Martín Vizcarra vuelve a ocupar el centro del debate nacional, convirtiéndose en un nuevo capítulo de la extensa lista de exmandatarios peruanos enfrentados con la Justicia.
