La crisis por los bloqueos en Bolivia sumó este jueves un dramático saldo humano. Dos mujeres, una extranjera y otra boliviana, fallecieron tras no lograr llegar a tiempo a centros médicos de emergencia debido a las rutas cerradas en el departamento de La Paz.
La primera víctima fue Anna Enns, una turista de 56 años procedente de Bélice, quien murió en la localidad fronteriza de Desaguadero mientras requería atención médica urgente. Según el Gobierno, el traslado fue impedido por los bloqueos instalados en la zona.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo calificó el hecho como “la primera víctima fatal de los bloqueos inhumanos promovidos por Evo Morales”. El reporte sostiene que informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y del personal médico de Desaguadero indican que la mujer pudo haber sobrevivido si recibía atención oportuna.
“La vida de Anna Enns pudo haber sido salvada; sin embargo, el cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno”, señala el pronunciamiento gubernamental, que además responsabilizó directamente a los impulsores de las protestas.
Horas después se confirmó una segunda tragedia. Una mujer de 40 años, procedente de la comunidad de Candelaria, en Guanay, falleció mientras era trasladada a la ciudad de La Paz para recibir tratamiento de hemodiálisis por una falla renal aguda.
La ministra María Renée Flores informó que la ambulancia tuvo que recorrer rutas alternas debido a los bloqueos instalados en Caranavi, retrasando gravemente el traslado. La paciente llegó sin signos vitales al centro médico.
El médico Wenceslao Quispe, de la Clínica Novaire, explicó que la mujer sufrió un paro cardiaco durante el trayecto. “Si hubiera recibido atención más temprana, se le pudo haber salvado la vida”, afirmó, remarcando que el tiempo es decisivo en pacientes con enfermedades críticas.
Las muertes reavivaron el debate sobre el impacto humanitario de los bloqueos y las protestas sociales en Bolivia. Organismos internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que impedir el paso de ambulancias y suministros médicos puede constituir una vulneración grave al derecho a la salud y a la vida. Mientras el conflicto continúa, el país enfrenta ahora una pregunta dolorosa: ¿hasta dónde puede llegar el costo humano de la confrontación política?
