De cuatro a seis meses la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz amplió la detención preventiva para la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros detenidos en Miraflores y el penal de San Pedro, debido a los riesgos procesales demostrados por el Ministerio Público y riesgo de fuga.
Áñez, Guzmán y Coímbra son investigados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo a denuncia de la exdiputada Lidia Patty quien afirmó este sábado que no levantará la denuncia que busca esclarecer las muertes de 36 personas y centenares de heridos ocurridos a finales de 2019.
“Se declara procedente, en parte, las cuestiones expresadas por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público en cuanto al tiempo de duración de la extrema medida de la detención preventiva y también solicitada por la Procuraduría General del Estado. Se confirma la parte dispositiva con la modificación de que el lapso de detención preventiva de los tres coimputados, que se ha señalado primigeniamente de cuatro meses, se determina seis meses de investigación en condición de detenido preventivo, además que la coimputada Jeanine Áñez tiene riesgo de fuga”, expresó Willy Arias vocal de esa sala judicial en la audiencia virtual realizada este sábado.
Los abogados de la Procuraduría General del Estado presentaron la propuesta de ampliar la detención preventiva a seis meses y luego fue debidamente argumentada por los juristas del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, porque se requiere mayor tiempo para la investigación y se debe convocar a varias personas.
Durante la audiencia, los juristas de las tres instituciones estatales recordaron que los tres detenidos son, con probabilidad, autores o cómplices de los graves disturbios y la quema de los Tribunales Electorales Departamentales de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Pando y Beni, además de otras instituciones estatales.
El abogado de Áñez, Ariel Coronado, se pronunció al respecto, comunicando que en los próximos días se presentará una acción de libertad y en caso de que sea rechazada por la justicia, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que determinen medidas cautelares.
«Nosotros vamos a solicitar medidas cautelares a la CIDH porque consideramos que la justicia está vulnerando el debido proceso y sus derechos humanos al trasladarla de forma sorpresiva al penal de Miraflores», señaló.
