En medio de una de las etapas más críticas de conflictividad social en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción, norma vigente desde 2020 que regulaba los mecanismos constitucionales para responder a escenarios de conmoción interna, crisis institucional o grave alteración del orden público.
La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial pasada la medianoche de este miércoles, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión virtual marcada por la tensión política y la presión de sectores movilizados. La decisión abre ahora un profundo debate jurídico y político sobre la viabilidad de aplicar un estado de excepción en el actual escenario de bloqueos y protestas.
Los grupos movilizados, que cumplen 25 días de marchas y bloqueos exigiendo la renuncia del presidente Paz, ya habían advertido que la eliminación de esta norma formaba parte de sus principales demandas. Los dirigentes sostienen que la ley podía convertirse en un instrumento para desplegar a las fuerzas del orden contra las movilizaciones sociales. “No queremos que se use el estado de excepción para masacrar al pueblo humilde”, señalaron representantes de los sectores radicalizados.
El abogado constitucionalista Gustavo Mendoza explicó que la figura del estado de excepción está prevista en la Constitución Política del Estado para restablecer el orden público cuando existen amenazas graves contra la institucionalidad nacional. Sin embargo, cuestionó la calidad jurídica de la Ley 1341 aprobada durante la gestión del MAS. “La norma tenía múltiples defectos técnicos y sanciones desproporcionadas para una medida extrema”, afirmó.
Según Mendoza, la ley contenía vacíos relacionados con plazos de aplicación, controles institucionales y tipos de sanciones. Uno de los puntos más observados era la imposición de multas equivalentes al 10% de un salario mínimo nacional en casos vinculados al incumplimiento de disposiciones excepcionales. Aun así, el jurista consideró que la salida correcta era reformar la ley y no eliminarla completamente.
Por su parte, la internacionalista Nadia Beller advirtió anteriormente que la abrogación podría generar un vacío normativo sobre la aplicación práctica del estado de excepción en Bolivia. “Sin una ley reglamentaria activa, la figura constitucional podría volverse inaplicable en términos operativos”, alertó, abriendo dudas sobre cómo actuaría el Estado frente a escenarios de alta conflictividad.
La controversia se profundizó luego de que el vicepresidente Edmand Lara presentara un recurso constitucional contra la sesión del Senado desarrollada en Sucre, donde inicialmente se aprobó la eliminación de la norma. El recurso busca frenar los efectos jurídicos de la decisión legislativa y reabre la pugna institucional en torno al alcance de las atribuciones del Ejecutivo en medio de la crisis.
Mientras tanto, en ciudades como La Paz y El Alto crece la presión ciudadana para que el Gobierno encuentre mecanismos inmediatos que permitan frenar los bloqueos, garantizar el abastecimiento y recuperar el control del orden público. Con carreteras cerradas, escasez de alimentos, medicamentos y combustible, Bolivia ingresa a una nueva fase de incertidumbre política, donde la eliminación de la Ley 1341 podría convertirse en uno de los puntos más controvertidos de la actual crisis nacional.
