Una investigación periodística publicada en Sol de Pando volvió a colocar bajo el foco público las denuncias sobre las presuntas relaciones que Evo Morales habría mantenido con adolescentes durante el ejercicio de su mandato presidencial. El reportaje sostiene que el exmandatario utilizó recursos, personal y bienes del Estado para beneficiar a jóvenes vinculadas sentimentalmente con él, en medio de una estructura de protección política que, según las denuncias, terminó consolidando la impunidad de los casos.
Las revelaciones apuntan principalmente a los casos de Cindy Saraí Vargas Pozo y Noemí Meneses Chávez, quienes habrían tenido 16 y 14 años respectivamente cuando iniciaron vínculos con Morales. Según la investigación, ambas adolescentes habrían accedido a privilegios, viajes, vehículos oficiales y protección institucional mientras el entonces presidente ejercía el poder político en Bolivia.
Uno de los aspectos más polémicos del reportaje señala que las jóvenes habrían convivido parcialmente dentro de entornos ligados al aparato estatal y político del MAS. Además, se denuncia la presunta participación de operadores políticos y funcionarios de alto nivel en la organización logística y protección de dichas relaciones. “El uso indebido de bienes del Estado para favorecer relaciones con menores constituye una gravedad institucional extrema”, sostiene el informe periodístico.
El caso también reabre el debate sobre la actuación de distintas autoridades durante los procesos judiciales vinculados a Morales. La investigación asegura que varios expedientes terminaron debilitados por irregularidades procesales, retrasos y presuntas interferencias políticas. En algunos casos, las denuncias habrían quedado extinguidas por prescripción o por falta de continuidad procesal.
Según el reportaje, durante el exilio de Morales en México y Argentina, algunas de las jóvenes continuaron desplazándose bajo esquemas de apoyo logístico vinculados a operadores políticos cercanos al expresidente. La investigación menciona además el presunto uso de vehículos oficiales, vuelos estatales y recursos públicos para facilitar traslados y protección.
“La vía penal quedó contaminada y terminó consolidando la impunidad”, sostiene el documento, que cuestiona tanto a exautoridades del MAS como a actores políticos posteriores que habrían utilizado el caso con fines de confrontación política más que de búsqueda de justicia. Analistas jurídicos advierten que, debido al tiempo transcurrido y a la complejidad procesal, varias de las causas enfrentan dificultades legales para prosperar penalmente.
En medio de la controversia, juristas y sectores críticos plantean que el debate podría desplazarse hacia eventuales responsabilidades vinculadas al uso indebido de bienes del Estado, más allá de los delitos personales denunciados originalmente. “La discusión ya no solo gira sobre la conducta privada, sino sobre la utilización de estructuras estatales para fines particulares”, señalan especialistas constitucionales consultados sobre el caso.
Las denuncias resurgen en un contexto político marcado por una profunda polarización nacional y por la disputa de liderazgo dentro del bloque político vinculado al masismo. Mientras sectores afines a Morales denuncian una persecución política, otros exigen que las investigaciones avancen con independencia y transparencia. Años después de los primeros escándalos, el caso vuelve a sacudir el escenario boliviano y reabre interrogantes sobre poder, impunidad y responsabilidad institucional en el país.
