El Gobierno ha defendido este lunes el «peritaje» requerido por la Fiscalía a una universidad española que determina que «no hubo manipulación» en las elecciones bolivianas de 2019, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) ha arremetido contra este informe y ha reiterado que el proceso tuvo irregularidades.
El Ministerio de Exteriores de Bolivia ha ratificado en un comunicado la «validez e importancia» del peritaje requerido por la Fiscalía al grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y ha asegurado que ha sido realizado «dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación (…)».
Así, ha incidido en que el peritaje «no es cuestionable bajo ningún argumento» del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien «defiende una auditoría que fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano» y que «terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas», según ha denunciado el Gobierno boliviano.
El Ejecutivo boliviano ha respondido así ante un comunicado publicado este lunes por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA en el que se reiteran los hallazgos del denominado informe ‘Análisis de Integridad Electoral de 2019 en Bolivia’, en el que la organización apuntó a «irregularidades» en el proceso electoral.
La OEA ha arremetido contra el estudio llevado a cabo por la universidad española, y ha indicado que, tras analizarlo, «se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo», así como de «reiterar sus hallazgos».
«El estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia Fiscalía», ha criticado la OEA.
Igualmente, ha añadido que el peritaje «reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia».
«A pesar de ello y con base únicamente en una simple comparación de las bases de datos, en el informe se afirma que no existió manipulación. Esta conclusión carece de sustento técnico científico y compromete el grado de profesionalismo de su dictamen pericial», ha continuado la organización.
De este modo, ha aseverado que «nunca» se podrá «tener confianza» en esas elecciones «por la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material».
«Este, y los otros estudios a pedido, marcan el fracaso de aquellos que intentan de cualquier manera validar lo imposible. De las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas», ha agregado la OEA, al tiempo que ha zanjado que estos comicios «constituyen una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral».
«Intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio», ha condenado.
«ALMAGRO VIOLENTÓ EL ACUERDO»
Ante ello, en su defensa del peritaje realizado en España, el Gobierno ha recordado que «firmó de buena fe» un acuerdo con la OEA y «lo cumplió a cabalidad» hasta que «Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados, sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo».
«Expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas», ha remachado el Ejecutivo del país sudamericano.
Asimismo, ha calificado las declaraciones del Almagro como «un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país», ya que «cuestiona un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido».
«Por ello, el Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones de Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia», ha afeado el Gobierno, para advertir al secretario general de la OEA de que «no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras».
Para concluir, el Ejecutivo boliviano ha acusado a Almagro de tener «una conducta parcializada y malintencionada», que, ha recalcado, «podría tener responsabilidades de las cuales solo lo estaría protegiendo la investidura que ostenta.
«El Estado boliviano toma nota de esta nueva actitud irracional e ilegal del secretario general y deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan establecerse por la gravedad de los hechos», ha sentenciado el Gobierno de Bolivia.
CASO ‘FRAUDE ELECTORAL’
La Fiscalía de Bolivia anunció a finales de julio el cierre del denominado caso «fraude electoral» después de recibir el informe de la universidad española «al determinar que el hecho investigado no constituye delito», según apuntó el fiscal general, Juan Lachipa, recoge la prensa boliviana.
El Gobierno de Bolivia mantiene que el fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 «nunca se probó» y que, tras los comicios, se produjo un «golpe de Estado» y que con el «acompañamiento» de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con la «complicidad» de «grupos insubordinados que rompieron la cadena de mando, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente constituidas», en palabras del actual presidente, Luis Arce.
El expresidente Evo Morales se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato, pero su principal rival, Carlos Mesa, que quedó segundo, denunció un «fraude gigantesco».
Las partes accedieron a que la OEA realizara una auditoría con la que detectó «irregularidades». Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces ‘número dos’ del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.
Bolivia volvió a celebrar elecciones presidenciales el 18 de octubre de 2020, fecha pospuesta en varias ocasiones a causa de la pandemia de la COVID-19. En los comicios, Arce, candidato del partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó los comicios en primera vuelta, con más del 55 por ciento de los votos.
