La presunta ilegalidad en la licitación a Fundempresa no fue aceptada. Fueron admitidos los casos de préstamo “inconstitucional” del FMI, violación de la libertad de expresión en la cuarentena y violación de los derechos humanos de bolivianos que fueron impedidos de ingresar a Bolivia desde Chile.
La Fiscalía General del Estado admitió este lunes, tres de cuatro proposiciones acusatorias presentadas por el Ministerio de Justicia en contra de la expresidenta Jeanine Áñez en el marco del inicio de juicios de responsabilidades contra la exmandataria y transmitió esa decisión al Tribunal Supremo de Justicia para inicio de investigaciones.
Las proposiciones admitidas tienen que ver con los casos de préstamo “inconstitucional” del Fondo Monetario Internacional (FMI), la violación de la libertad de expresión durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 y la violación de derechos humanos de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile en su intento de retornar a territorio nacional, igual en la primera ola de la pandemia.
El caso que no fue aceptado es el referido los presuntos delitos de conducta antieconómica y uso indebido de influencias en una licitación pública que favoreció a Fundempresa.
Por procedimiento, las otras solicitudes fueron enviadas a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para el inicio de las investigaciones.
La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz por el caso “golpe de Estado” por los sucesos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales y las muertes que se ocasionaron a fines de 2019. Ahora también deberá enfrentar estos procesos por hechos cometidos cuando ejercía la Presidencia del país.
Según la Ley Juicio de Responsabilidades, de “existir materia justiciable la Fiscalía General del Estado requerirá ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento, requerimiento que previa consulta a su Sala Penal, será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pidiendo su autorización expresa”.
Estos procesos, una vez encausados, se tramitan en instancias de la Asamblea Legislativa. La Cámara de Diputados hace de Ministerio Público y la Cámara de Senadores de Tribunal. La sentencia requiere de dos tercios de los votos. El MAS tiene mayoría, pero no los dos tercios de voto que se requerirán para el fallo final.
