La crisis política y social que atraviesa Bolivia sumó este miércoles un nuevo episodio de alta tensión. Vicente Salazar, dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, fue aprehendido en pleno centro de La Paz tras participar en una movilización que demandaba la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La detención se produjo luego de que cientos de campesinos, junto a sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB), recorrieran las principales calles de la sede de Gobierno para exigir la salida del mandatario y presionar por un cambio en la conducción del país.
La aprehensión ocurre en un contexto marcado por más de 40 días de conflictos, bloqueos y movilizaciones, que han generado un fuerte impacto económico, problemas de abastecimiento y una creciente polarización política en distintas regiones del territorio nacional.
Mientras la marcha avanzaba por el centro paceño, el presidente Rodrigo Paz ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró su disposición al diálogo con sectores que presenten demandas legítimas. Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo cuenta con herramientas constitucionales para garantizar el cumplimiento de la ley y preservar el orden público.
“Seguimos abiertos al diálogo, pero también tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y proteger a la población”, señaló el mandatario al referirse al escenario de conflictividad que atraviesa el país.
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes sindicales. La COB y la Tupac Katari habían condicionado cualquier acercamiento con el Gobierno a la suspensión de estos procesos judiciales, argumentando una supuesta persecución política.
A principios de mes, una acción de libertad dejó sin efecto temporalmente las órdenes de captura contra Mario Argollo, ejecutivo de la COB, y Vicente Salazar. No obstante, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, aclaró que la decisión no implica la anulación definitiva de los procesos. “La reformulación la debe hacer el Ministerio Público, entonces no es una suspensión definitiva”, precisó la autoridad judicial.
Pese a la flexibilización temporal de las medidas cautelares, los dirigentes no participaron en las convocatorias de diálogo impulsadas por el Gobierno y mantuvieron firme su exigencia de que Rodrigo Paz abandone el cargo. Con la captura de Salazar, la confrontación entre el Ejecutivo y los sectores movilizados entra en una nueva fase, mientras el país permanece atento a las decisiones judiciales y políticas que podrían definir el rumbo de uno de los conflictos más prolongados de los últimos años.
