El Gobierno anunció este martes la abrogación de cuatro impuestos —el de Grandes Fortunas, el de Transferencias Financieras, el impuesto al Juego y el aplicado a Promociones Empresariales— asegurando que estos tributos “no representaban más del 1% de la recaudación fiscal”, según el ministro de Economía, Gabriel Espinoza. La decisión, presentada como un giro hacia la eficiencia tributaria, abrió un intenso debate nacional sobre su impacto real en la economía.
Espinoza justificó el paquete asegurando que los tributos eliminados generaban “contradicciones, fuga de capitales y freno a la inversión”, anunciando además una reducción del 30% del gasto público mediante una reformulación integral del presupuesto 2026. “Vamos a revisar caso por caso el gasto estatal, porque mucho de ese gasto no le llega a la gente”, afirmó.
El anuncio encontró respaldo en el empresario Samuel Doria Medina, quien calificó las decisiones como “señales económicas positivas”. “He pagado el impuesto a las grandes fortunas, pero era contraproducente; espantaba inversión. Si se gasta menos y no se imprime dinero sin respaldo, la inflación debería aliviarse”, escribió.
Sin embargo, la reacción crítica no tardó. El abogado David Valdivia advirtió que ninguna de las medidas toca los impuestos que afectan a la clase media, exigiendo atender el IVA, IT e IUE. “Eso es lo que hay que atacar”, cuestionó. Una postura similar asumió el economista Jaime Dunn, quien reprochó el gradualismo del Ejecutivo: “La crisis exige decisiones rápidas; el gradualismo no es el camino”, alertó.
El vicepresidente Edmand Lara, por su parte, respaldó la eliminación de los cuatro tributos pero enfatizó que aún faltan reformas profundas. “Le ha faltado reducir el IVA y el IUE; eso garantiza inversión y empleo”, declaró, recordando que su propuesta incluía modelos tributarios usados en Paraguay. También exigió al Gobierno no olvidar el prometido “perdonazo tributario”.
La oposición política también se dividió. El senador Branko Marinkovic celebró que el Gobierno “reduzca el gasto insulso y abusivo” y elimine impuestos que frenaban el desarrollo, aunque advirtió que Bolivia necesita medidas más amplias. En contraste, la exministra Teresa Morales calificó la estrategia de “gravísima” y regresiva, asegurando que las decisiones “solo benefician a los sectores más ricos” y que esperar hasta febrero para reformular el presupuesto es “un golpe al pueblo”.
La concejal Wilma Alanoca fue más dura, denunciando que las reformas “benefician a una oligarquía empresarial” y ampliarán la brecha entre ricos y pobres. “Rodrigo Paz trabaja para las élites. Esto va a alentar la desigualdad”, afirmó.
En medio del debate, el presidente Rodrigo Paz aseguró que en los próximos días ingresarán alrededor de 550 millones de dólares al país, recursos que, según dijo, “permitirán fortalecer las reservas y acompañar las reformas”. “El ritmo de estabilización es positivo. Si se mantiene, podremos dar buenas noticias cada semana”, sostuvo el mandatario, mientras el país observa con expectativa —y preocupación— el alcance real de sus decisiones económicas.
