El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este miércoles que la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investiga el caso “Respiradores Españoles” presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas implicadas.
Se las investiga por el proceso irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares de la marca y modelo Respira Device de origen español. Los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Salud, Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y dos personas particulares.
“Los respiradores españoles al ser recepcionados no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del COVID-19. Este proceso de compra inició el 8 de mayo de 2020; es decir, uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria devenida del contagio y propagación de la pandemia y la alta letalidad de la enfermedad”, dijo Lanchipa.
La autoridad manifestó que, en este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación, entre ellas, el dictamen pericial de auditoria forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de 170 ventiladores pulmonares, informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del COVID-19, entre otras.
Explicó que la acusación formal fue presentada en contra del exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas; el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; el exdirector Ejecutivo de la AISEM, Giovanni Pachecho Fiorilo; la exencargada de Equipamiento de la AISEM, Ana Fernanda Espinoza Morejón; la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos; el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), Fernando José Arias Alzerreca, y Luis Fernando Humérez Ortíz, quien habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.
“Los delitos atribuidos para los exfuncionarios públicos son Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado, Delitos Contra la Salud Pública, Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, entre otros. Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal”, sostuvo el Fiscal General.
Lanchipa agregó que los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME CONSULTING GLOBAL SL, a pesar de las observaciones que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana COSIN LTDA que ofrecía los ventiladores a 13 mil dólares la unidad, aproximadamente.
El proceso de compra directa de los ventiladores se realizó entre la empresa española intermediaria IME CONSULTING GLOBAL SL, y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud por un monto de más de cuatro millones de dólares, de cuáles se pagó a empresa española la mitad, es decir más de dos millones, ya que el proceso fue paralizado porque no cumplía con la especificaciones y por falta de accesorios. El precio unitario de cada ventilador acordado es de 28 mil dólares, aproximadamente.
Con relación a los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarraza de la empresa española intermediaria IME CONSULTING GLOBAL SL, y el abogado Walter Zuleta que radica en el Perú, a efectos de dar continuidad y celeridad en la sustanciación del juicio oral en contra de los ahora acusados, se dará lugar al desdoblamiento del caso principal a efectos de que sobre los mismos se desarrollen los procedimientos correspondientes a la cooperación internacional, considerando que los mismos no se encuentran en territorio nacional.
Según informes emitidos por el CEASS, se evidenció que físicamente los ventiladores pulmonares se encuentran en instalaciones de esa institución ubicadas en la avenida 6 de marzo de la ciudad de El Alto y actualmente se encuentran sin funcionamiento.
