Por medio de mensajes en WhatsApp, el exdirector de Educación Superior, Agustín Tarifa, protagonizó este año el que podría ser el más polémico caso de “chanchullos” del que se haya hablado en Bolivia.
En el amplio historial de conversaciones virtuales que investiga la Fiscalía, figuran como protagonistas el ministro de Educación, Adrián Quelca, y al menos otros 46 docentes y postulantes a cargos directivos, que -se presume- aprobaron porque les dieron las respuestas de los exámenes de institucionalización, según mensajes de chat, audios, videos e informes a los que tuvo acceso Página Siete.
“Descárgalo y lo borras, por favor”, “Es el borrador, bájalo y lo eliminas, por favor”, es el mensaje más repetido por Tarifa en las conversaciones que mantuvo por WhatsApp con decenas de personas, en los nueve departamentos, entre postulantes, familiares o “padrinos” de éstos. Todos eran aspirantes a cargos directivos, administrativos y docentes que se presentaron al proceso de institucionalización que realizó el Ministerio de Educación en los primeros meses de esta gestión.
Por lo general, previo a esos mensajes, Tarifa ya había enviado las planillas de requisitos al cargo, los “bancos de preguntas” o las respuestas de los exámenes. Por si eso no era suficiente, y cuando los postulantes le informaban que habían reprobado, el diligente militante del Partido Comunista de Bolivia (PCB) instruía a sus “camaradas” que impugnen sus notas ante los miembros de los tribunales de evaluación con cualquier pretexto y les anunciaba: “Ya les pasé tu nombre”; con él no había “pierde”.
“El Ministro de Educación y sus funcionarios convirtieron el proceso de institucionalización en un vulgar acto de chanchullo a nivel nacional. Es lamentable descubrir que varios de los docentes y rectores posesionados, a raíz de los exámenes que organizó el señor Agustín Tarifa, aprobaron porque su ‘camarada del Partido Comunista’ les filtró las preguntas y respuestas. Es una vergüenza”, cuestionó el abogado Abel Loma.
El jurista representa a la Viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, la autoridad del MAS que el 26 de julio denunció al ministro Quelca y a Tarifa ante la Fiscalía, por tráfico de influencias.
Tres ministerios
Un informe de inteligencia al que accedió Página Siete en mayo, reveló un “presunto tráfico de influencias, planificado y ejecutado” desde el Ministerio de Educación. En las partes más llamativas de dicho informe se destaca que el caso era “flagrante”, es decir que el delito estaba en curso y era de conocimiento de al menos tres ministerios y del Comando General de la Policía, sólo esperaban autorización para el operativo de “acción directa” contra Tarifa, Quelca y funcionarios “clave”.
Nunca se dio. La denuncia se formalizó un mes después, luego de que el tema causara polémica en los medios de comunicación. Antes, la Fiscalía de La Paz ya había rechazado o desestimado, al menos cuatro denuncias penales sobre la manipulación de notas en el proceso de admisión de normalistas y la venta de exámenes para docentes, pese a que había pruebas.
“Se ha instruido, por medio del Viceministerio de Transparencia, al Ministerio de Justicia, que realice las investigaciones correspondientes. Hay guías para que todas las denuncias se realicen por las unidades de Transparencia de toda institución y se actúe como corresponde, no nos gusta interferir”, afirmó a Página Siete la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Este medio también consultó a la autoridad sobre Tarifa y su nexo con asesores del presidente Luis Arce, pregunta que se negó a responder.
El informe de inteligencia confirmó que autoridades de los ministerios de Gobierno, de Justicia y de la Presidencia conocían el contenido de los chats y que los efectivos esperaban instrucciones del Comando General de la Policía para ejecutar el operativo.
Esto sucedió sólo unas semanas después de que Edwin Characayo, entonces ministro de Desarrollo Rural, fuera aprehendido en flagrancia, en pleno El Prado paceño, cuando cobraba en persona el adelanto de una extorsión de más de 500 mil dólares, para no revertir en favor de los “movimientos sociales” tierras saneadas.
Los mensajes
La lista de más de una decena de los “principales funcionarios involucrados” en el informe de inteligencia la encabezaban Quelca, Tarifa, miembros del Gabinete del ministros y responsables del área jurídica. Todos intercambiaron mensajes de texto con Tarifa al que pedían u ordenaban favorecer o perjudicar a postulantes a cargos directivos de educación superior.
“En La Paz, debemos apoyar a Winder Canezo y José Apala”. “En Cobija no pueden ir (como autoridades educativas) los fachos como (Freddy) Muñiri, debes garantizar eso”. “Irving Yampolski Coaquira Campuzano (postula a la) Escuela Industrial P. D. M. (designarlo al) cargo de director académico”. Fueron tres de los mensajes de texto que -según señala el reporte- envió Quelca a Tarifa, desde una de sus dos líneas de celular, el 9 de febrero.
Agustín Tarifa, exdirector de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística (interino), fue designado en el cargo por el Quelca, el 20 de noviembre de 2020. Según los datos extraídos de su propio historial de chats, venía recomendado por un exministro de Economía y fue representado por dos hermanas gemelas de Oruro, las docentes Ángela y Ángeles García.
“Hermanito, bendiciones infinitas”, escribió Ángeles García a Tarifa, la primera semana de febrero. “Hermanita bendiciones, te comparto la ficha de evaluación borrador para que compartas con nuestros cumpas. En el caso del proyecto, vamos a tomar muy en cuenta el tema de blended learning (b-learnig), para semipresencial de esta gestión…(sic)”, respondió Tarifa y adjuntó el documento para facilitar la postulación.
“Hay decenas de docentes (en los nueve departamentos), rectores de institutos de formación superior, hasta directores departamentales de educación que lograron su cargo por medio de este chanchullo nacional, por ser amigos de estos señores del Partido Comunista, es una vergüenza total. Son más de 1.000 capturas de pantalla impresas, audios y videos que fueron entregados para que se los someta a pericias en la Fiscalía”, afirmó Loma.
El abogado de la viceministra Balderrama aseguró desconocer el reporte de inteligencia, se limitó a confirmar que se entregó al Ministerio Público una lista de involucrados.
“Se entregó a la fiscal del caso, Lupe Zabala, una lista de 46 testigos. La mayoría son personas que se favorecieron con este tráfico de exámenes; son pocos los que se presentarán como víctimas. Esperemos que después se sumen más afectados, que fueron relegados por el prebendalismo y quedaron sin trabajo, pese a ser profesionales con méritos”, sostuvo Loma.
Páginas Siete se contactó con varios de los involucrados que se negaron a dar su versión. En julio, luego de ser destituido, en entrevista con este medio, Tarifa admitió que se trataba de sus mensajes y se vio afectado porque el caso dañaba a sus familiares.
“Son mis errores”, admitió Tarifa y explicó una serie de puntos personales sin referirse al tema de fondo.
El MAS relegado
En los chats, el ministro y su colaborador usan varios adjetivos despectivos para descalificar a sus rivales ideológicos como los trostkistas o los de la línea educativa de Avelino Siñani, “avelinos”, profesada por Roberto Aguilar, exministro de Educación. Aún si quienes cuestionaban su gestión eran del MAS y el “instrumento político”, a ambos les bastaba con reducir la definición de cualquier opositor a “pitita”.
En los mensajes de Tarifa con sus “camaradas” del PCB, del que Quelca es uno de sus principales jefes, se reveló un “trabajo político” dirigido estratégicamente desde su dirección, que se gestó incluso desde antes de su nombramiento.
“Hermano ministro buenos días. El día miércoles, en ocasión de presentarle mis saludos revolucionarios por su nombramiento, conversamos sobre aspectos técnicos de gestión institucional (…) uno de ellos era la convocatoria a institucionalización a cargos directivos (…) que está contra la norma, improvisada, hecha a medida del trostkismo y de los pititas, para que ingrese su gente”, escribió Tarifa a Quelca el 13 de noviembre de 2020.
El mensaje prosigue: “Sugerí que pueda ser revisado y mejor anulado con la finalidad de tener control sobre ello (el proceso de institucionalización) en lo inmediato. Asimismo, el proceso debería ser para el resto de subsistemas, direcciones departamentales, subdirectores, distritales y directores de unidades educativas. Hermano y camarada, ojalá se pueda hacer eso, y ahí estaremos si se requiere acompañamiento. Abrazos de clase”, concluyó Tarifa.
“Muchas gracias Agustín, te tomo la palabra”, respondió Quelca. Siete días después nombró a Tarifa en el cargo; un mes después, él encabezó el inicio del proceso de institucionalización. De ese modo, los mensajes dejan en evidencia la disputa ideológica interna en la que se desarrolla la gestión del ministro, respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Lista
Los chats, videos, audios y documentos revelan que el “chanchullo masivo” se dio en los nueve departamentos, entre febrero y mayo. Además de Quelca y Tarifa, al menos 19 docentes, 12 rectores y directores de institutos de formación superior técnica, nueve autoridades departamentales y seis miembros del gabinete del Ministerio de Educación están comprometidos en el tráfico de exámenes, manipulación de notas y favorecimiento por respaldo político de autoridades educativas.
Al margen de las irregularidades en esas designaciones, los chats también desvelan casos de extorsión a directores de institutos privados. Asimismo, se tiene el tráfico de influencias para cerrar el caso afiches, sobre el uso de dinero del Ministerio de Educación, para campaña política oficialista en 2019.
“El ministro de Educación y sus funcionarios convirtieron el proceso de institucionalización en un vulgar acto de chanchullo a nivel nacional”.
Abogado Abel Loma
Lista de testigos
- Implicados Entre los implicados, a raíz de los mensajes de WhatsApp, en la denuncia por el tráfico de exámenes y favorecimiento para la designación de directores distritales, directivos, rectores y docentes están: 1 Adrián Quelca, Ministro de Educación. 2 Agustín Tarifa, exdirector de Educación Superior. 3 Samuel Coaquira, director de Asuntos Jurídicos. 4 Walter Humerez, asesor de Quelca. 5 Luis Nina, Jefe de la Unida de Transparencia. 6 Osman Chávez, exfiscal y actual asesor jurídico del Ministerio de Educación. 7 Irving Yampolski Coaquira Campuzano, hijo de Coaquira. 8 Iver Colque, director general de Formación de Maestros. 9 Jaqueline de la Barra Barrientos, exdirectora general del Institutos de la gestión de Victor Hugo Cárdenas. 10 Ángela García, docente de Oruro. 11 Ángeles García, docente en La Paz 10 Bladimir Laura Chambi, dirigente Confederación de Trabajadores de Educación de Bolivia (Cteub). 12 José Luis Flores Espinoza, rector de en Oruro. 13 Jorge Rodas Mercado, rector en Oruro. 14 Delfor Mancilla, rector en Santa Cruz. 15 José Apala, Subdirector Distrital de Educación Superior de La Paz. 16 Emilio Amador Saldivar, rector en Potosí. 17 Jimmy Tarqui, rector en La Paz. 18 Jhonny Callizaya, administrativo en La Paz. Nikky Zapana, administrativa en La Paz. 19 Karina Kelly, rectora en La Paz. 20 Rossel Quispe Tapia, Administrativo en La Paz. 21 Sandra Cáceres, directora en La Paz. 22 Winder Andrés Canezo Gómez, docente en La Paz. 23 Calixto Chipana Callisaya, técnico en el Ministerio de Educación. 24 Magalid Jancko Condori, técnico en el Ministerio de Educación. 25 Nataly Exaltacion Rojas Mendoza, técnico en el Ministerio de Educación. 26 Wilson Molina Viza, funcionario en el Ministerio de Educación. 27 Franklin Molina Viza, docente de instituto en La Paz. 28 Wilma Verónica Farfán Tapia, rectora en Tarija.
- Víctimas Entre las víctimas, en su mayoría postulantes en el proceso de institucionalización: Freddy Muñuni Maija, de Pando; Víctor Sebastián Saavedra, de Pando; Yesenia Condori, de Oruro; Magaly Choque, de Oruro; y Hugo Condori, de Oruro.
