La histórica incautación de más de 100 toneladas de cocaína y ketamina ocultas en cargamentos de madera provenientes de Bolivia, detectada en puertos de Chile, generó una reacción inmediata de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), que este martes expresó su preocupación por el impacto que el caso podría tener sobre toda la industria maderera nacional.
A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su “absoluto rechazo a cualquier actividad vinculada al narcotráfico” y aseguró que respalda plenamente las investigaciones destinadas a identificar y sancionar a los responsables. Sin embargo, advirtió que resulta injusto atribuir el caso al conjunto del sector forestal boliviano.
“La industria formal opera bajo sistemas de control, trazabilidad y fiscalización”, señaló la Cámara Forestal, al remarcar que miles de empleos y empresas legales podrían verse afectados por generalizaciones derivadas de este caso de crimen organizado transnacional.
El pronunciamiento surge luego de que autoridades chilenas revelaran el decomiso más grande de drogas registrado en la historia de ese país. Según las investigaciones de la Fiscalía de Arica, la Policía Marítima y Aduanas de Chile, las sustancias ilícitas habrían sido incorporadas químicamente en cargamentos de madera exportados desde Bolivia hacia distintos mercados internacionales.
Especialistas en comercio exterior sostienen que una de las claves para esclarecer el caso será reconstruir toda la cadena logística. Para ello, consideran fundamental revisar los manifiestos de carga, documentos aduaneros, empresas exportadoras, rutas de transporte, puntos de tránsito y los sellos de seguridad de los contenedores involucrados.
“La trazabilidad documental suele convertirse en una de las pruebas más importantes para determinar dónde y cuándo pudo haberse contaminado una carga”, explicaron expertos consultados sobre este tipo de investigaciones relacionadas con redes internacionales de narcotráfico.
La CFB también cuestionó la escasa información oficial difundida hasta ahora. Según la entidad, la falta de comunicación clara por parte de las autoridades generó incertidumbre en los mercados internacionales, retrasos en operaciones de exportación y un daño reputacional para empresas que cumplen con la normativa vigente.
Asimismo, la organización pidió fortalecer la coordinación entre las autoridades de Bolivia y Chile para intercambiar información y evitar que un caso criminal de gran magnitud termine afectando a toda una actividad económica. “Las responsabilidades deben ser individuales y no colectivas”, sostuvo el sector forestal.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control en las exportaciones y la capacidad de las organizaciones criminales para utilizar mercancías legales como fachada. La revisión de documentos, contenedores y rutas comerciales será determinante para esclarecer uno de los mayores escándalos de narcotráfico vinculados al comercio exterior en la región.
