La investigación por el escándalo de la denominada “gasolina basura” o gasolina desestabilizada dio un giro este lunes con la aprehensión de Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente de Logística de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusado de presuntas irregularidades vinculadas al control y distribución de combustibles que habrían provocado daños a miles de vehículos en el país.
El funcionario fue intervenido en instalaciones de YPFB en la ciudad de Santa Cruz y posteriormente trasladado a dependencias policiales, donde deberá prestar su declaración dentro de un proceso que busca establecer responsabilidades por uno de los casos más sensibles que ha golpeado a la estatal petrolera en los últimos años.
La polémica surgió tras múltiples denuncias de conductores, transportistas y propietarios de vehículos que reportaron fallas mecánicas luego de cargar combustible en diferentes estaciones de servicio. Las quejas derivaron en investigaciones sobre la calidad del carburante distribuido y los mecanismos de control aplicados por la empresa estatal.
Según los antecedentes del caso, las pesquisas apuntan a determinar si existieron fallas en los procesos de almacenamiento, transporte, control de calidad y comercialización del combustible, además de establecer si hubo omisiones o decisiones administrativas que permitieron la circulación del producto cuestionado.
“La investigación busca esclarecer toda la cadena de responsabilidades y determinar si hubo incumplimiento de protocolos técnicos y administrativos”, señalaron fuentes vinculadas al proceso, que actualmente se encuentra en etapa de recolección de pruebas y declaraciones.
El caso no se limita a una sola persona. De acuerdo con información preliminar, la denuncia alcanza a más de 20 exautoridades y funcionarios de distintas áreas relacionadas con el sector hidrocarburífero, quienes son investigados por presuntos delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otras irregularidades administrativas.
Especialistas en energía han advertido en diversas oportunidades que la alteración de las propiedades físico-químicas de los combustibles puede generar daños severos en motores, sistemas de inyección y componentes electrónicos, además de ocasionar pérdidas económicas significativas para los usuarios afectados.
Mientras avanzan las investigaciones, la aprehensión de Torrico marca un nuevo hito en un proceso que mantiene bajo la lupa a YPFB y que podría derivar en nuevas acciones judiciales contra exfuncionarios y responsables de la cadena de suministro. La expectativa ahora se concentra en las declaraciones del aprehendido y en los resultados de las pericias técnicas que determinarán si existió negligencia, responsabilidad administrativa o un esquema de irregularidades de mayor alcance dentro de la estatal petrolera.
