Todavía no se reinstaló en el poder el partido de Evo Morales, pero ya crecen dudas respecto a su reapropiación de la justicia y consigo la retoma de la persecución política.
En los 14 años del Movimiento al Socialismo en el poder, la persecución ideológica era incluso retroactiva. Pasó 11 años en prisión domiciliaria el anciano militar boliviano que capturó al Che Guevara hace más de medio siglo.
El siguiente objetivo podría ser Jorge Valda Daza, integrante del Movimiento Cívico Nacional de Santa Cruz. El Comité cruceño ya emitió un comunicado donde denuncia persecución judicial.
La versión oficial es que Valda fue detenido por delito de legitimación de ganancias ilícitas. Pero tanto la familia como la defensa legal de Valda afirmaron que el accionar fue ilegal, ya que aún estaba pendiente una acción de libertad que se había presentado al juez del caso, cerca de las 17:00 horas.
El abogado y asesor del @ComiteProSC Pro Santa Cruz, Jorge Valda, envía un video desde su detención.
Valda orra víctima del totalutarismo socialista de @LuchoXBolivia
pic.twitter.com/FTnyvDr775— Carmen E. Gonzales L (@CarmenEGonzale2) November 15, 2020
Adicionalmente la familia de Valda denuncia que la detención no solo fue ilegítima sino que incluso habría sido violentado. Las investigaciones de fraude electoral por parte de Valda abarcan las elecciones de octubre del 2018 y también del 18 de octubre de 2020.
Previo a su detención, Jorge Valda detalló para PanAmPost las irregularidades que encontró junto a su equipo en las elecciones presidenciales donde el Movimiento al Socialismo resultó ganador.
El Dr. Jorge Valda, solicita a la #CIDH medidas cautelares de protección, por persecución política. pic.twitter.com/7O1dSSnJDH
— Tincho OK 🌎 (@TinchoSoyOk) November 15, 2020
¿Considera que hubo fraude electoral en Bolivia?
En mi experiencia como abogado y profesor de Derecho Penal, los elementos descubiertos en el curso de las investigaciones, superan por mucho la prueba indiciaria y se consolidan como elementos de certeza y seguridad para sostener que el proceso electoral en Bolivia del pasado 18 de octubre de 2020, no se forjó en la confianza colectiva.
Al contrario, pareciera que hizo todo lo posible para incrementar la duda, la incertidumbre y por supuesto, la indefensión total del colectivo de la población boliviana, puesto que por más que los partidos o alianzas políticas hubieran brindado su conformidad, al igual que los organismos internacionales; el proceso electoral les pertenece y atinge a los bolivianos y somos nosotros quienes decidimos la existencia o no de elementos que sustenten la existencia o no de un fraude electoral.
De forma inicial, descubrimos más de 10.000 actas electorales con información adulterada, incongruente y carente de legalidad, y es por demás extraño, que de las 35.600 actas habilitadas para la totalidad de la población (y no me refiero a los votantes secretos o fantasmas), ni una sola habría sido observada, anulada o repuesta, cual si hubiere sido un proceso perfecto.
Tal aspecto, no solo incrementa las dudas, sino por el contrario, las ratifica y consolida en el entendido de haber evidenciado actas electorales fotocopiadas, con tachones y borrones, con la firma falsificada de los miembros de tribunales departamentales electorales, así como de las firmas y huellas dactilares de quienes pretenderían convalidar las mismas, es tan sólo una facción de lo que hemos llamado el fraude manual o artesanal, puesto que el mismo altera el orden de protección a la propiedad privada y confidencialidad.
¿Cómo demuestra las irregularidades?
El negar la existencia de un fraude sería engañarnos a nosotros mismos y a la población que en nosotros ha depositado su confianza y ha entregado la gran labor y responsabilidad de lograr descifrar las escrituras de primaria así como sostener nuestra postura basada en principios y valores, contrarios a la política que obedece a intereses y no así a la convicción de lucha de su par o sistema de análisis pericial, documentológico, informático o auditable en todo el alcance que el mismo brinda para confianza de la sociedad.
En segunda instancia el padrón electoral no ha permitido generar la confianza suficiente para justificar su continuidad y mucho menos su implementación previa consulta con el Presidente del Tribunal Supremo Electora.
En principio nuestra teoría de acreditación, comprobación y sustento de las denuncias vertidas, si bien contaban con elementos de integridad, certeza y probable seguridad.
¿Qué obstáculos ha enfrentado en su investigación?
El mayor obstáculo es la falta de acceso a la información al colectivo genérico que participa del evento democrático. En esta oportunidad, a diferencia del pasado año, se limitaron los recursos y las herramientas a la población para hacer un efectivo seguimiento y eficaz control del escrutinio.
Por ello, al tomar la decisión de suspender el DIREPRE (antes denominado TREP o mecanismo de conteo rápido), con tan solo 24 horas de antelación, claramente evidenció la falta de transparencia del proceso electoral.
La persecución judicial, con la cual se pretende acallar las múltiples denuncias de irregularidades y delitos en los que se hubiera incurrido, para muchos es también un obstáculo para perseverar en sus posturas.
¿Cuál es el riesgo de validar resultados fraudulentos?
La falta de legitimidad hace inviable un gobierno, pues si los administrados no confían en la integridad de sus gobernantes, tienden a comportarse rebeldes, contestatarios y desobedientes. De ninguna manera puede negarse a la sociedad el derecho a la publicidad, la información y el ejercicio del control social.
¿Qué mensaje tiene para los bolivianos y cuál para los lectores hispanohablantes en general?
De ninguna manera podemos rendirnos, renunciar o retroceder. El restaurar el orden, la seguridad o confianza que con sacrificio y lucha se alcanzaron, y hoy al parecer nos la arrebataron, no puede ser sinónimo de conformismo mediocre ni mucho menos de admitir un robo, un atraco a la democracia.
Este tipo de prácticas abusivas, totalitarias y extorsivas no son extrañas a nuestra historia de la cual los bolivianos ya conocimos cerca de 14 años de dictadura disfrazada de democracia.
Al presente, quien arriba al poder sin contar con legalidad, legitimidad y mucho menos transparencia, está destinado al fracaso. Fuerza en los corazones y fe que sostenga la lucha de los bolivianos y quienes están sometidos al “nuevo orden” de abuso y sumisión, es la única oportunidad para romper cadenas, levantarse en alto y gritar a viva voz: “nuestra libertad no se vende ni negocia”. Dios nos bendiga y proteja.
