El Dictamen Procuradurial 001/2020 de la Procuraduría General del Estado, involucra a dos altos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la irregular compra de 170 ventiladores pulmonares de parte del Gobierno de Bolivia, a la empresa española IME Consultin SL.
El informe firmado por el ahora, extitular de la Procuraduría, José María Cabrera, detecta la supuesta participación de otros 11 funcionarios del Ministerio de Salud, de la Cancillería y de particulares, quienes habrían tenido distintos grados “de participación criminal”, durante el proceso de contratación del equipamiento, conforme a las políticas de adquisiciones del BID.
Se intentó buscar alguna autoridad de este organismo internacional, pero no se encontró a nadie, por ser fin de semana.
Según el documento, el especialista Sectorial del organismo multilateral, Luis Buscarons y el representante en Bolivia del BID, Andrés Melandi que, en las investigaciones del Ministerio Público no figuran como autores, habrían cometido los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento con enriquecimiento ilícito. Además, a Melandi se le atribuye el delito de encubrimiento, por haberse negado a proporcionar información del caso y escudarse en su inmunidad diplomática.
“En la parte final resolutiva están las 13 personas involucradas, con los delitos que habrían cometido. Entre ellas, identificadas con serios hallazgos de ilegalidades, existen muchas que ni siquiera han sido imputadas en la investigación del Ministerio Público, que han sido convocadas únicamente en calidad de testigos. Me refiero principalmente a los funcionarios del BID, que no prestaron cooperación a la Procuraduría y escondieron información amparándose en su inmunidad diplomática”, explicó Cabrera, respecto al informe.
Exprocurador
José María Cabrera fue alejado del cargo este viernes 18 de septiembre, por la Presidenta Jeanine Áñez, a través de un Decreto Presidencial 4345 que aún no ha sido publicado por la Gaceta Oficial. Allí designa a Alberto Javier Morales Vargas como su reemplazante y abroga el decreto que lo posesiona en el cargo.
Pero el Dictamen Procuradurial del caso respiradores españoles, lo firmó Cabrera y lo presentó un día antes de su remoción, al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la Comisión de fiscales de la investigación del caso, a la Comisión mita de la Asamblea Legislativa, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud y a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).
Indicios
Según el Dictamen, Luis Buscarons demostró su participación porque inicialmente remitió el modelo de contratación para ser aplicado por la Aisem, para las compras directas por la pandemia, otorgó la no objeción del BID a la compra directa de los ventiladores, a favor de la empresa española IME Consulting SL.
Por otro lado, señala que “el representante del BID en Bolivia, Andrés Melandri se negó a proporcionar y no remitió información a la Procuraduría General del Estado, pese a los dos requerimientos procuraduriales fundamentados técnica y legalmente, contradiciendo sus políticas de transparencia y amparándose en la inmunidad diplomática determinados hace 50 años atrás, señalando que no pueden ser atendidas en el fondo”.
El Dictamen apunta que Melandi, “finalmente autorizó el desembolso del pago del 50% a favor de la empresa española IME Consulting SL, vulnerando el numeral 4 del artículo 231 de la Constitución Política del Estado”.
“El BID tiene que responder ante la Justicia boliviana. Porque, sin la participación de ellos, hubiera sido imposible que se hubiere concretado el acto de corrupción”, completó Cabrera. El Dictamen los califica como «autores inmediatos» en la compra de los ventiladores.
El BID
En mayo pasado, luego del escándalo por la compra irregular, el BID comunicó que había seguido los procesos de licitación y contrato de acuerdo con los procedimientos convenidos con el Gobierno de Bolivia, «el cual fue responsable de estas compras a través de su agencia ejecutora».
«No obstante, ni bien surgieron señales de posibles irregularidades en el proceso, la alta gerencia del Banco decidió revisar el caso, que a su vez fue remitido a su Oficina de Integridad Institucional, la cual lleva a cabo investigaciones y recomienda sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el Banco. Dicha oficina está evaluando la información pertinente para determinar si se cometieron prácticas prohibidas en este caso», determinó. (El Deber)
