La polémica por las ocho toneladas de pollo en mal estado que tenían como destino la ciudad de La Paz sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) desmintiera la versión difundida por la Alcaldía paceña sobre una supuesta detección preventiva del producto antes de su traslado.
El jefe departamental del SENASAG en Santa Cruz, Facundo Altamirano, aseguró que el cargamento fue identificado durante un procedimiento de control rutinario en el aeropuerto internacional de Viru Viru y no a partir de una denuncia o alerta emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
“Acá no hubo ningún tipo de denuncia, no hubo ningún tipo de llamada (…) no hemos recibido ninguna solicitud de parte de la Alcaldía ni de ninguna otra institución”, afirmó Altamirano, descartando que el hallazgo haya sido consecuencia de una advertencia externa.
Según explicó la autoridad sanitaria, el cargamento ya había atravesado otros controles cuando fue sometido a una inspección técnica por parte del SENASAG. Fue durante esa evaluación que se detectaron alteraciones que comprometían la inocuidad del producto y representaban un riesgo para la salud pública.
“La entidad sanitaria hizo la inspección y descubrió que el pollo estaba en malas condiciones”, sostuvo Altamirano. Como consecuencia, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y se procedió al decomiso inmediato de la carga.
El informe técnico determinó que el producto no era apto para el consumo humano, por lo que las ocho toneladas de carne de pollo fueron retiradas de circulación y posteriormente destruidas mediante entierro sanitario, evitando su comercialización o distribución en cualquier mercado del país.
Las declaraciones del SENASAG contrastan con la posición expresada previamente por autoridades municipales de La Paz, que señalaron que la operación había sido frenada gracias a controles preventivos impulsados por la Alcaldía. La versión oficial de la entidad sanitaria coloca ahora el foco en los mecanismos de fiscalización aplicados en origen.
Mientras continúa el debate sobre las responsabilidades y el manejo de la información en torno al caso, el decomiso de las ocho toneladas de pollo reavivó las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y los controles sanitarios en la cadena de abastecimiento, especialmente en un contexto marcado por dificultades logísticas y restricciones en el transporte de alimentos. Las autoridades sanitarias insistieron en que la prioridad fue proteger la salud de la población y evitar que un producto potencialmente peligroso llegara a los consumidores.
