Una grave denuncia de presunta discriminación laboral y vulneración de derechos sacude a una institución pública del departamento de La Paz. Personas con discapacidad y familiares de trabajadores afectados aseguran que varios funcionarios habrían sido presionados para abandonar sus cargos, degradados en sus funciones e incluso reemplazados por nuevos empleados, pese a contar con protección legal de inamovilidad laboral.
Uno de los casos denunciados corresponde a un profesional con 50% de discapacidad de nacimiento, quien habría renunciado a un trabajo estable en la Alcaldía de Viacha tras recibir una oferta laboral en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz. Según la denuncia, el trabajador desempeñó sus funciones durante cuatro meses antes de ser trasladado a un hospital, donde posteriormente habría comenzado a enfrentar presiones para abandonar su puesto.
De acuerdo con el relato de los familiares, el funcionario fue citado por sus superiores y presuntamente recibió amenazas de procesos administrativos si no presentaba su renuncia voluntaria. Sin embargo, al estar amparado por normas de protección laboral para personas con discapacidad, decidió permanecer en el cargo y exigir el respeto a sus derechos.
«Me dijeron que me fuera o me iniciarían procesos. Como no acepté renunciar, me degradaron de cargo y redujeron mi salario, aunque mantengo las mismas responsabilidades«, señala la denuncia difundida públicamente. Los denunciantes afirman que nunca existieron llamadas de atención, sanciones disciplinarias ni procesos formales que justificaran una medida de esa naturaleza.
La situación, según los afectados, no sería un caso aislado. Aseguran que otros trabajadores con discapacidad o tutores de personas con discapacidad habrían enfrentado situaciones similares. «Solo a nosotros nos hicieron eso. Mientras tanto, otros funcionarios que no tienen discapacidad continúan en cargos técnicos con salarios mucho más altos», sostiene el testimonio.
Los denunciantes también afirman que las autoridades argumentaron supuestas limitaciones presupuestarias para justificar la reducción salarial y los cambios de funciones. Asimismo, habrían señalado que el trabajador «no era idóneo» para el cargo que desempeñaba. Sin embargo, la familia sostiene que posteriormente el puesto habría sido ocupado por otras personas vinculadas a la actual administración.
La legislación boliviana establece mecanismos de protección para las personas con discapacidad. La Ley N.º 223 General para Personas con Discapacidad y otras disposiciones laborales reconocen principios de igualdad de oportunidades, no discriminación e inamovilidad laboral para trabajadores con discapacidad y para madres, padres o tutores de personas con discapacidad en determinadas circunstancias. Cualquier modificación o desvinculación laboral debe cumplir procedimientos legales específicos y respetar el debido proceso.
Ante esta situación, los afectados anunciaron que evalúan iniciar acciones legales y acudir a instancias judiciales para exigir la restitución de sus derechos. «Sabemos que estos procesos pueden tardar años, pero queremos que la población conozca los atropellos que sufren personas que, pese a sus limitaciones físicas, han demostrado capacidad profesional y han ganado sus puestos por mérito propio», señalaron. Hasta el momento, las autoridades señaladas no emitieron una versión oficial sobre estas acusaciones.
