Esta semana impactaron en el país dos noticias: el anuncio de que la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik-V podría administrarse 180 días después de la primera y, días después, la decisión del Ministerio Público de cerrar las investigaciones sobre el “fraude” electoral de 2019, declarando el sobreseimiento de Evo Morales y otras personas vinculadas a esos hechos. Dos temas jugosos para abordar, decidimos, empero, analizar el de la vacuna por las consecuencias que el hecho podría tener para miles de personas.
Comencemos cuantificando cuántas personas confrontan el riesgo de no recibir la segunda dosis de la vacuna rusa. Entre el 28 de enero (primer embarque) y el 9 de julio de 2021 (último embarque) el gobierno boliviano recibió 1.270.000 dosis enviadas desde Moscú. De este total, en sus informes diarios, el Ministerio de Salud ha informado dos desagregaciones entre primera y segunda aplicaciones: el primer embarque, 20.000 en total, habría internado al país 10.000 inmunizaciones iniciales y otras tantas de refuerzo, y el cargamento del 9 de julio consistió en 500.000 primeras dosis y 25.000 segundas dosis.
Consecuentemente, hasta hoy el gobierno recibió 1.232.500 unidades con Ad 26 y 35.000 con Ad 5 o segundo inoculante. En síntesis, hoy existirían en el país más de un millón de personas que esperan el refuerzo de la Sputnik-V.
Dado el incumplimiento del proveedor ruso, el Ministerio de Salud, sin estudio científico alguno e incluso falseando declaraciones del Director de Gamaleya, difundieron la noticia de que la segunda dosis rusa podía ser administrada hasta 90 días después de la primera inyección. Veamos entonces la dimensión de la espera de quienes, esperanzados, recibieron la primera dosis moscovita: asumiendo que las primeras ampollas comenzaron a ser suministradas el 15 de abril, quienes de esos contingentes no recibieron todavía la segunda dosis registran ya, a la fecha de esta publicación, 102 días sin refuerzo inmunizador. Y los receptores tempranos del segundo embarque tendrían un retardo de alrededor de 95 días.
Esta inocultable, cuanto lamentable realidad es la que el gobierno de Arce Catacora intenta ocultar afirmando que estudios realizados en Rusia, Argentina y España habrían demostrado, o estarían a punto de hacerlo, que el vector Ad 5 de la Sputnik-V podría inocularse hasta 180 días después del primero. Dicha sea la verdad: hasta ayer 29 de julio, en la página web de Gamaleya, único responsable de la vacuna rusa, no existe noticia alguna sobre estos hipotéticos estudios, y lo que es más, el laboratorio ruso mantiene la prescripción de aplicar la segunda dosis 21 días después de suministrado el inoculante inicial (ingresar a https://sputnikvaccine.com/esp/about-vaccine/).
Queda claro que el problema es otro: el comercializador de la vacuna rusa, Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), está incumpliendo el o los contratos de suministro de vacunas firmados con Bolivia y otros países. Y el gobierno boliviano, en vez de transparentar esta situación e iniciar las acciones legales contra RDIF, al parecer, opta por postergar arbitrariamente el plazo del refuerzo inmunizador, encubriendo de ese modo al irresponsable proveedor.
Peor aún, la conducta reprochable del gobierno boliviano no queda ahí, buscan ahora vender la idea de que el vector Ad 5 del inoculador ruso, basado en operaciones sobre el genotipo del virus, puede ser suplido con la vacuna china Sinopharm, pese a que ésta resulta de la tecnología tradicional de las vacunas, es decir, utilizando virus cultivados en riñones de simios e inactivados con una sustancia química.
Pero, ¿por qué la Sinopharm y no otra vacuna diseñada con la misma tecnología?, porque, claramente, es el único inmunizador comprado por el gobierno con la cantidad suficiente para llenar el vacío dejado por la Sputnik-V.
¿Y la salud del millón de personas afectadas, no es acaso más importante que encubrir el engaño del proveedor ruso?
