La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la madrugada de este domingo el Decreto Supremo 5636, que declara Estado de Excepción en todo el territorio nacional por un periodo inicial de 90 días, consolidando así la estrategia impulsada por el presidente Rodrigo Paz para enfrentar la crisis social, económica y de seguridad derivada de los prolongados bloqueos que paralizaron varias regiones del país.
La decisión fue adoptada con más de dos tercios de los votos, luego de una extensa y tensa sesión legislativa que se prolongó hasta la madrugada. El debate estuvo marcado por fuertes posiciones encontradas entre quienes consideraban indispensable una respuesta estatal contundente y quienes expresaron preocupación por el alcance de las medidas extraordinarias contempladas en el decreto.
La resolución fue aprobada oficialmente a las 02:35 de este domingo, sellando el respaldo político del Legislativo a las acciones adoptadas por el Órgano Ejecutivo. Con esta votación, el Gobierno obtuvo el aval constitucional necesario para la aplicación plena de las disposiciones contempladas en el estado de excepción.
«Queda aprobada la resolución de la Asamblea que aprueba las medidas asumidas por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Supremo 5636«, informó el presidente del Senado, Diego Ávila, al concluir la sesión. La autoridad añadió que, con la aprobación alcanzada, la medida extraordinaria entra en plena vigencia en todo el territorio nacional.
Los legisladores que respaldaron la norma argumentaron que el país enfrenta una situación excepcional que requiere acciones inmediatas para restablecer la normalidad. Según señalaron, los más de 50 días de bloqueos de carreteras provocaron graves afectaciones al abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos esenciales, además de generar millonarias pérdidas económicas.
El decreto, previamente publicado en la Gaceta Oficial del Estado, faculta al Gobierno a implementar medidas excepcionales dentro de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado. Entre sus principales objetivos se encuentran la recuperación de la libre transitabilidad, la protección de la infraestructura estratégica y la garantía de los servicios básicos para la población.
Durante la defensa de la medida, autoridades del Ejecutivo insistieron en que el estado de excepción busca preservar el orden democrático y evitar una profundización de la crisis. «La prioridad es proteger a la población y garantizar el funcionamiento del país«, señalaron representantes gubernamentales, quienes sostienen que las acciones adoptadas son temporales y proporcionales a la magnitud del conflicto.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que la medida tendrá una vigencia inicial de 90 días, aunque advirtió que podría ampliarse si persisten las condiciones que motivaron su implementación. Con la aprobación legislativa, Bolivia entra oficialmente en una nueva fase de la crisis, marcada por la aplicación de facultades extraordinarias del Estado y por el desafío de restablecer la estabilidad tras semanas de confrontación social y política.
