La crisis por la gasolina en Bolivia escala al plano político. La bancada de la alianza Libre en la Asamblea Legislativa lanzó un ultimátum de 24 horas para que renuncien el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Freddy Zenteno.
El pronunciamiento fue contundente. “Exigimos la renuncia inmediata del ministro, porque no tiene la capacidad de dar soluciones al pueblo boliviano”, afirmó el diputado Rafael López, quien además acusó a la autoridad de agravar la crisis en lugar de resolverla.
La presión política coincide con el malestar social. Choferes de La Paz, que protagonizaron recientes movilizaciones, también demandaron la salida de Medinaceli, denunciando incumplimientos en los pagos por la denominada gasolina desestabilizada. El conflicto ya no es solo técnico, sino también social y político.
Desde la misma bancada, la diputada Lissa Claros elevó el tono de advertencia. “Damos 24 horas de plazo; de lo contrario, vamos a asumir otras acciones e incluso activar denuncias penales”, declaró, dejando abierta la posibilidad de judicializar el conflicto.
Claros también apuntó directamente contra las máximas autoridades del sector energético. “Se pide la renuncia del responsable de Yacimientos y del director de la ANH”, sostuvo, al denunciar falta de transparencia y negativa a entregar información solicitada por la Asamblea.
Los cuestionamientos giran en torno a la gestión de la crisis. Legisladores aseguran que no hubo respuestas efectivas a peticiones de informe oral ni interpelaciones, lo que alimenta la percepción de una administración sin control ni resultados en un sector estratégico para el país.
En paralelo, desde YPFB se anunció el inicio del pago de compensaciones a los afectados por la gasolina desestabilizada. El proceso arrancó en ventanillas del Banco Unión, con un desembolso previsto de 2,5 millones de bolivianos, en un intento por contener el descontento ciudadano.
El propio Akly informó que al menos 700 personas ya recibieron indemnizaciones, con la previsión de ampliar la cobertura en los próximos días. Sin embargo, la medida no logra desactivar la presión política, que ahora pone en jaque a las principales autoridades del área energética en medio de una crisis que sigue escalando.
