En 2016, el entonces Ministerio de Transparencia investigó el proceso de compra de los buses PumaKatari, por el que -ahora- se acusa al exalcalde Luis Revilla de una adjudicación con sobreprecio. Un informe emitido entonces por esa cartera determinó que no hallaron anomalías en la licitación y ordenó cerrar el caso.
El sábado, el exburgomaestre se declaró en la clandestinidad luego de que su esposa, Maricruz Rivera, fuera citada a declarar en el caso. El principal denunciante es Jesús Vera, excandidato a diputado del MAS y principal acusado por la quema de más de 60 de esos vehículos, durante los hechos violentos de 2019.
De acuerdo a la nota MTILCC/ UIEPA/2016-0230, del 15 de septiembre de 2016, firmada por el entonces viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a.i. Jorge Flores Gonzales, ese año el Ministerio de Transparencia investigó una serie de presuntas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y contratación para la “Adquisición de buses para el inicio del servicio de transporte municipal a cargo del PTM” con CUCE: 12-1201-00-317322-2-1.
“Como resultado de la revisión de los documentos que respaldan el proceso de contratación, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento a cada uno de los procedimientos administrativos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras disposiciones relacionadas con el proceso de contratación de referencia”, dice el análisis como primera conclusión.
Añade que: “por otra parte, cada uno de los actos administrativos, como las actividades previas, inicio, durante el proceso, conclusión, firma de contrato y recepción de los bienes, se encuentran adecuadamente sustentados con documentación necesaria y suficiente, así como los documentos generados, consignan firmas y aclaración de firmas de los responsables de su elaboración, revisión, aprobación y autorización”.
En otro punto explica que se revisó el cronograma de plazos y actividades; el cumplimiento administrativo, técnico, legal y el llenado de formularios para la presentación de propuestas; y el recálculo de la metodología de evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes.
“Se determinó la correcta evaluación y recomendación de la propuesta adjudicada. Por lo que no se pudo evidenciar presunta irregularidad”, se concluye.
Además de todo lo relacionado a la adjudicación, la entidad también indagó presuntas anomalías en una multa impuesta a la empresa, por el retraso en la entrega de los buses. Otra de las denuncias que atendieron fue la presunta erogación de recursos municipales en pasajes a China de los funcionarios que viajaron a capacitarse.
En parte final del documento, el viceministro Flores señala que por lo expuesto “esta cartera de Estado no cuenta con mayores elementos a los que deba realizar el correspondiente seguimiento, por lo que se precede al cierre y archivo del caso”.
“Muchas veces lo político trasciende lo jurídico”, Edson Foronda.
El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda, señaló que genera preocupación que el tema político trascienda en el jurídico. Afirmó que la Fiscalía deberá actuar con objetividad en la averiguación de los hechos históricos de este caso.
“Entendemos que se inició una acción en contra del exalcalde, Luis Revilla, para quien se emitió un mandamiento de aprehensión. La ley prevé que ante la inasistencia a un llamado judicial se disponga de ese extremo, que es totalmente legal. Sin embargo, si se justificó adecuadamente la falta estaría en manos del Ministerio Público considerar dicha excusa”, explicó.
Respecto a la citación a Maricruz Rivera, para declarar en el proceso como testigo, manifestó que más allá de la situación política, desde un punto absolutamente legal, el fiscal tiene la potestad de llamar a quien considere como elemento necesario dentro de una investigación.
“Las connotaciones políticas superan hoy el ámbito jurídico, pero el director del proceso tiene la potestad de citar a quien vea conveniente, más allá de que nos parezca justo o injusto”, sostuvo Foronda.
Manifestó que en este caso la Fiscalía deberá obrar con objetividad en la averiguación histórica de los hechos. “Muchas veces el tema político trasciende el tema jurídico y eso nos genera preocupación, en cualquier instancia”, finalizó.
