Un documento filtrado a Radio Fides destapó una nueva tormenta jurídica para Bolivia: la empresa extranjera Shell Bolivia Corporation (SBC) decidió iniciar una disputa legal contra el Estado, al que acusa de haber tomado “medidas ilegales y reiteradas” que vulneraron los derechos de la firma como inversionista.
Entre las acusaciones más graves, Shell señala el incumplimiento de pagos en contratos comerciales con YPFB, la negativa del Estado a emitir documentos clave, la presunta venta ilegal de miles de barriles de crudo pertenecientes a la compañía y la persecución judicial contra sus funcionarios en territorio boliviano.
El expediente, con sello oficial de recepción, fue ingresado a la Procuraduría General del Estado (PGE) el pasado 5 de agosto, y posteriormente remitido al presidente Luis Arce, a la canciller Celinda Sosa y al procurador Ricardo Condori.
“La reiteración de medidas arbitrarias constituye una clara violación a los compromisos internacionales de Bolivia en materia de inversión extranjera”, advierte el documento, según la copia a la que accedió este medio.
De confirmarse la disputa en instancias internacionales, Bolivia podría enfrentar un proceso con consecuencias económicas y diplomáticas de gran magnitud, reeditando escenarios similares vividos en anteriores conflictos con transnacionales.
Por ahora, ni el Gobierno ni YPFB han emitido declaraciones públicas, pero el caso promete tensar aún más la relación entre el Estado boliviano y las inversiones extranjeras en el sector energético.
