El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5599, una nueva norma que modifica el esquema de incentivos en el sector hidrocarburífero, introduciendo ajustes automáticos vinculados al precio del petróleo en el mercado interno. La medida apunta a alinear la política energética con la estabilidad fiscal y la sostenibilidad del sector.
La disposición, firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece que cuando el precio del barril de crudo supere los 27,11 dólares, se activarán ajustes en los incentivos económicos destinados a la producción de petróleo y condensados. “Se busca garantizar coherencia con la política estatal en materia de hidrocarburos”, señala el decreto.
El cambio se aplica sobre la normativa vigente desde 2016, modificada en varias ocasiones, y responde a un nuevo contexto económico marcado por la estabilización de precios de los combustibles en el mercado interno, una medida adoptada previamente por el Ejecutivo.
Según el Gobierno, la decisión busca evitar distorsiones en los incentivos cuando cambian las condiciones del mercado, especialmente en un escenario donde el precio del crudo influye directamente en la sostenibilidad del sistema energético nacional.
“Los incentivos deben ajustarse a la realidad del mercado para no generar desequilibrios fiscales ni afectar la producción”, establece la normativa, que además ratifica el rol central de YPFB como brazo operativo del Estado en toda la cadena de hidrocarburos.
Expertos en energía señalan que este tipo de mecanismos son utilizados en distintos países para proteger el mercado interno y garantizar el abastecimiento, aunque advierten que su éxito dependerá de la transparencia en su aplicación y del contexto internacional del petróleo.
El decreto también instruye al Ministerio de Hidrocarburos y Energías a operativizar estos ajustes mediante resoluciones específicas, lo que abre la puerta a futuras modificaciones técnicas en función de la evolución del mercado.
Con esta medida, el Gobierno refuerza su estrategia de control sobre el sector energético, dejando claro que la prioridad es asegurar el consumo interno, mantener la estabilidad de precios y sostener la producción nacional, en un contexto económico que exige decisiones rápidas y precisas.
