Una reunión de 250 dirigentes de pueblos indígenas en Bolivia ha hecho un llamado al gobierno de Luis Arce para detener las actividades de empresas chinas que explotan oro en la región amazónica y que están causando graves daños ambientales, calificando la situación como un «etnocidio».
Sin embargo, el gobierno enfrenta obstáculos para atender estas demandas debido a acuerdos con China, Rusia e Irán que contienen «cláusulas de confidencialidad» que impiden la divulgación de los detalles de los acuerdos. Esto ha generado preocupación y protestas entre la población y algunos sectores militares retirados.
Los acuerdos con China incluyen concesiones para la explotación de litio en lagos salados del altiplano, la construcción de una planta para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún, y la operación de cientos de dragas chinas en la explotación del oro en la región amazónica.
Los pueblos indígenas han expresado su descontento con el desalojo forzado de comunidades locales que extraían oro en el río Madre de Dios, mientras que las operaciones de las dragas chinas siguen sin control. Además, señalan que las empresas chinas emplean mercurio de manera irresponsable, afectando gravemente el medio ambiente.
En un Foro Social Panamazónico realizado en Rurrenabaque, representantes indígenas denunciaron la explotación del oro y pidieron la expulsión de las empresas chinas del territorio. Graciela Céspedes, de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz, expresó el sufrimiento de su comunidad y cuestionó por qué el gobierno no garantiza sus derechos.
Los dirigentes de pueblos amazónicos emitieron un documento donde exigen la protección del medio ambiente y sus derechos territoriales. Demandan que se reconozcan los ríos y cuencas como sujetos de derechos y se preserven sus recursos naturales.
Asambleístas de La Paz también alertaron sobre la presencia de empresas colombianas en los ríos bolivianos, lo que agrava la situación de contaminación y daño ambiental.
La llegada de empresas chinas a territorios indígenas ha generado críticas en medios independientes, que acusan al gobierno de intentar silenciar la información y la libertad de prensa.
