A poco más de tres días de su llegada al poder, el presidente Rodrigo Paz contradijo una de sus promesas más contundentes de campaña: cerrar el Ministerio de Justicia, al que había calificado públicamente como un “ministerio de coimas y sentencias”. Lejos de eliminarlo, designó como titular de la cartera a un abogado estrechamente vinculado a su vicepresidente, Edmand Lara, lo que generó inmediatas críticas desde la oposición y sectores ciudadanos.
Durante el debate presidencial del 1 de agosto, Paz fue tajante: “Ese ministerio no sirve para la justicia, sino para negociar con ella. Vamos a cerrarlo y reformar el sistema desde la raíz”. Sin embargo, la realidad mostró otro rumbo. El despacho de Justicia no solo sigue funcionando, sino que ahora está dirigido por un jurista cercano al entorno de Lara, figura clave en la campaña del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El nombramiento cayó como un balde de agua fría entre quienes creyeron en el discurso anticorrupción del actual mandatario. Analistas y opositores coincidieron en que la designación contradice el mensaje de renovación institucional que impulsó Paz durante su carrera al Palacio Quemado. “Esto muestra que el cambio prometido empieza a diluirse entre pactos internos”, opinó el analista político Carlos Saavedra.
Desde la oposición, los cuestionamientos no tardaron. Legisladores de Libre y Comunidad Ciudadana exigieron explicaciones sobre el proceso de selección del nuevo ministro y advirtieron que los vínculos personales dentro del gabinete pueden poner en riesgo la independencia judicial. “Bolivia no votó por otro círculo de amigos en el poder, sino por justicia real y transparencia”, declaró la diputada María Luisa Rojas.
El entorno de Lara, por su parte, defendió la designación argumentando que el nuevo titular del ministerio cuenta con “amplia experiencia en derecho penal y reformas judiciales”, y que su cercanía con el vicepresidente “no implica conflicto de intereses, sino coordinación institucional”. Aun así, el silencio de Paz frente a la polémica ha sido interpretado como una señal de cálculo político.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que el mandatario habría optado por mantener el ministerio para evitar una crisis administrativa. Según estas versiones, cerrar la cartera implicaba reestructurar múltiples dependencias y programas en curso, lo que habría paralizado temporalmente la gestión judicial y generado resistencia dentro del propio gabinete.
Pese a las explicaciones, la percepción pública parece inclinarse hacia la desconfianza. En redes sociales, miles de usuarios recordaron los videos de campaña en los que Paz prometía “acabar con las coimas desde el gobierno mismo”. El hashtag #MinisterioDeCoimas se convirtió en tendencia nacional durante la jornada posterior al anuncio.
Con este episodio, el presidente enfrenta su primer gran desgaste político desde que asumió el cargo. La promesa de “refundar la justicia desde cero” se convierte ahora en una prueba de fuego para su credibilidad, y muchos se preguntan si el nuevo gobierno podrá sostener la narrativa de cambio frente a decisiones que evocan las viejas prácticas que prometía desterrar.
