En la etapa final de alegatos, desde el Ministerio Público se argumentó que la expresidenta Jeanine Áñez “intimidó” a las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles a restablecer el orden público en noviembre de 2019 y con ello “evidenció” que tenía “coordinación” con el mando militar de aquella gestión para «tomar la Presidencia».
El fiscal Omar Mejillones, con una lectura acelerada de alegatos, expuso todas las características que en criterio de la parte acusadora vulneró Áñez desde su asunción a la Presidencia del Senado hasta la proclamación como presidenta del Estado, la noche del 12 de noviembre de 2019.
Durante su exposición, Mejillones afirmó que día antes, la todavía senadora beniana, mediante un video “ordenó” a las FFAA a salir a realizar tareas de seguridad en las calles, que se habían desbordado con hechos de violencia tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales y toda la cadena de sucesión.
“Añez intimidó a las FFAA para que le obedezcan”, citó el fiscal y expuso que la única instancia que puede dar órdenes a los mandos militares es el Ejecutivo, a través del presidente del Estado o en su defecto por instrucción del Ministerio de Defensa.
Mejillones remarcó que Javier Zavaleta todavía se encontraba al frente del Ministerio de Defensa y “en ningún momento éste emitió algún tipo de orden o instrucción” para salir a las calles a preservar el orden público.
Bajo esa lógica, la Fiscalía advierte que el mando militar también incurrió en la figura de incumplimiento de deberes y por ello son procesados cinco generales militares y uno policial en este caso que ha sido denominado como “golpe II”.
La parte acusadora pidió 15 años de cárcel contra la expresidenta y apunta a una supuesta coordinación entre Áñez y los entonces comandantes del Ejército, Williams Kaliman; de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros; de la Armada Boliviana, Palmiro Jarjury; el jefe de Estado Mayor, Gustavo Arce San Martín; y el almirante Pastor Mendieta, así como el excomandante de la Policía, Vladimir Calderón.
Sobre la sesión 198 convocada para el 12 de noviembre que Áñez ordenó y que fue publicada por el entonces oficial mayor del Senado y actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el fiscal dijo que ese acto legislativo “no se realizó”. Agregó un informe de la exjefa de la Unidad de Control de la Cámara Alta, Ruth Beltrán, que señala que “no se instaló ninguna sesión en plenaria del Senado”.
Finalmente, el fiscal Mejillones citó la sentencia constitucional 0252/2021 para afirmar que la sucesión constitucional debe darse para las autoridades electas y con aprobación en sesión de la Asamblea Legislativa y por tanto, el acto legislativo de noviembre de 2019, dos años antes de emitida la resolución del Tribunal Constitucional, no se dio bajo esas características.
A su vez, el fiscal Yury Flores realizó otra extensa exposición para inculpar a esos mandos militares y policiales para aseverar que durante esas jornadas hubo “altos niveles de coordinación” para “materializar el camino del delito” y así “hacerse” de la Presidencia del Estado.
