La dictadura de Nicaragua, encabezada por el presidente sandinista Daniel Ortega, ha cancelado la personería jurídica de la Asociación Radio María y otras 12 organizaciones sin fines de lucro, en un contexto de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y la Iglesia católica.
La ministra del Interior, María Amelia Coronel, anunció la disolución de estas organizaciones a través de dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua. Entre las afectadas, Radio María operaba desde 1984, aunque su personalidad jurídica estaba formalizada desde febrero del 2000.
Según el Ministerio del Interior, Radio María fue cerrada por «incumplimiento», debido a la falta de reportes de sus estados financieros del período 2019 al 2023 y porque su junta directiva estaba vencida desde el 8 de noviembre de 2021. Esta emisora había anunciado recientemente la reducción de su horario de programación, de 24 a 14 horas, debido al bloqueo de sus cuentas bancarias en el Banco de la Producción (Banpro), lo cual impedía la recepción de donaciones.
La emisora también se vio obligada a incluir en su programación el informe oficial que ofrece la vicepresidenta Rosario Murillo de lunes a viernes. «Nos encontramos en una situación insostenible para continuar con nuestras operaciones habituales», lamentó uno de los representantes de Radio María.
Las relaciones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica han sido especialmente tensas, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas. «Estamos viendo una escalada de represión sin precedentes», expresó un vocero de la Iglesia.
Además de Radio María, se cancelaron otras 12 ONG, sumando más de 3,600 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas desde diciembre de 2018. Entre las organizaciones cerradas se encuentran la Asociación Colectivo de Mujeres de Masaya, la Asociación de Productores Agro-Ganaderos No Tradicionales de San José de Bocay y la Cámara de Comercio y Servicios de Masatepe, entre otras.
El Ministerio del Interior ha indicado que la Procuraduría General de la República procederá de oficio al traspaso de los bienes muebles e inmuebles de estas ONG al Estado de Nicaragua, excepto en el caso de una organización que solicitó su disolución voluntaria.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han acusado a las ONG de utilizar recursos de las donaciones para intentar derrocar al presidente Ortega durante las manifestaciones de 2018. «Estas organizaciones no actuaban de manera transparente y buscaban desestabilizar al país», afirmó Rodríguez.
