En una audiencia de medidas cautelares, un juez de Potosí determinó medidas sustitutivas a la detención para el tiktoker Rubén Blanco, quien está imputado por el delito de incitación al racismo debido a declaraciones ofensivas contra la danza de los mineritos. Aunque Blanco evitará la cárcel, continuará siendo sujeto de un proceso penal.
El juez impuso a Blanco varias medidas, incluyendo arraigo, fianza juratoria y la obligación de presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía en El Alto, su lugar de residencia. Además, se le prohibió realizar y publicar videos con contenidos similares en redes sociales, según informó la fiscal del caso, María Choque.
Virginia Ugarte, representante de Derechos Humanos de El Alto, destacó que Blanco contó con la asistencia de tres abogados y recibió apoyo de su región natal, la provincia Pasajes. «El imputado ha sido debidamente asistido y acompañado durante el proceso», afirmó Ugarte.
El tiktoker fue aprehendido el pasado miércoles en su domicilio en El Alto y trasladado a Potosí, donde se lleva a cabo la investigación. Durante su audiencia, Blanco se disculpó por sus declaraciones y expresó arrepentimiento por sus acciones. «Estoy profundamente arrepentido por mis declaraciones y pido disculpas a quienes he ofendido», manifestó.
Blanco enfrenta dos procesos penales: uno por parte del Ministerio de Culturas y otro de la Gobernación de Potosí. Ambas entidades lo acusan de incitación al racismo, un delito que ha generado amplio debate sobre la libertad de expresión y los límites de las opiniones en redes sociales.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) se pronunciaron al respecto, señalando que «expresar una opinión sobre una danza u otra expresión cultural, aun de ser ofensiva, no debe ser tipificada como un acto de racismo ni discriminación y tampoco penalizarse». Ambas asociaciones instaron a abordar discursos intolerantes con medidas alternativas, como campañas de sensibilización y educación, en lugar de sanciones penales.
El caso de Rubén Blanco subraya la tensión entre la libertad de expresión y la regulación de contenidos en el contexto cultural boliviano, y continúa siendo un tema de interés nacional mientras se desarrollan los procesos legales.
