Un juez ha rechazado una petición de la defensa de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez para abandonar la cárcel y quedar bajo arresto domiciliario, alegando supuestos «riesgos procesales» y advirtiendo de que hay indicios de que efectivamente pudo haber cometido los delitos que se le imputan de terrorismo, sedición y conspiración por unas reuniones mantenidas durante su etapa de senadora.
En concreto, la Fiscalía y el actual Gobierno han puesto bajo sospecha unas reuniones celebradas el 11 y el 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica de Bolivia (UCB), en plena crisis por las dudas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales, que derivaron en la dimisión del presidente Evo Morales.
La defensa ha presentado pruebas que supuestamente acreditan que no estuvo en estos encuentros, en contra de lo declarado por otros testigos, para reclamar el cese de la prisión preventiva. El juez Armando Zeballos ha coincidido con la acusación en que hay «riesgos procesales» si abandona la cárcel.
«En franca violación a cualquier norma de justicia nacional e internacional, y tras presentar más de 200 evidencias, se le vuelven a negar sus derechos a defenderse en libertad por ‘insuficientes pruebas de inocencia'», ha lamentado el equipo de Áñez en la cuenta de Twitter de la exmandataria.
Áñez ha tomado la palabra en la vista para tachar de «injusto» su encierro y reivindicar que si asumió la Presidencia tras la dimisión de Morales fue por una cuestión de «responsabilidad», según el diario ‘El Deber’. Asimismo, ha prometido seguir colaborando: «No quiero escapar a los procesos, pero hemos llegado al punto de rogar por un cambio, cárcel por casa».
La expresidenta y sus abogados han denunciado durante estas últimas semanas un empeoramiento de su estado de salud como resultado de los varios procesos que tiene abiertos, en los que las autoridades intentan dilucidar si se cometieron delitos en el marco de la salida al poder de Morales y de la caótica transición posterior.
