El gobierno de Luis Arce mandó documentación carente de veracidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) para interferir en la solicitud de medidas cautelares que presentó la expresidenta Jeanine Áñez; desde “privilegios”, un frigobar o 1.600 visitas fueron los argumentos gubernamentales para decir que la salud de la política beniana “no corre ningún peligro”.
Las medidas cautelares para Áñez fueron negadas por la CIDH y su secretaria ejecutiva Tania Reneaum el pasado jueves, bajo el argumento de que el Estado boliviano está “precautelando su derecho a la salud” y por considerar que su estado clínico dentro del penal de Miraflores de La Paz, no representa “gravedad, urgencia ni daño irreparable”.
En ese marco, el abogado de la expresidenta, Luis Guillén, en conferencia de prensa, dijo que se continúa analizando la documentación que envió el Gobierno a la CIDH, a través de Cancillería, la Procuraduría General y el Ministerio de Justicia, entre otras carteras estatales, pero ya se tiene conocimiento de algunas irregularidades expuestas para perjudicar su cliente.
“La documentación que han adjuntado a través de los diferentes anexos continúa siendo valorada por el equipo de defensa de la exmandataria, pero llama nuestra atención la falta de veracidad sobre ciertos elementos”, dijo Guillén.
Uno de esos elementos llamativos es que el Gobierno de Arce Catacora afirma que la expresidenta recibió en estos meses de detención preventiva 1.606 visitas médicas en su celda, lo que daría en seis meses un promedio de nueve ingresos al penal por parte de médicos y especialistas, lo cual es falso.
Guillén recordó que ni los tres abogados de defensa que llevan el caso pueden ingresar al penal de Miraflores hasta hoy, pero todo registro o “intento” de ver a Áñez en su celda fue contado como “visita consolidada” a momento de enviar el informe a la CIDH.
“Familiares que han querido ver a la exmandataria, que han querido saber sobre su estado de salud, también han tenido complicaciones; sin embargo, aparecen registrados en los datos que ha proporcionado el Estado como si esas visitas hubieran sido consolidadas”, agregó.
Otras “cosas que no coinciden con la realidad”, según el abogado, son los informes oficiales de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, sobre los “privilegios” de la expresidenta como señalar que en su celda existe un «frigobar», que tiene un baño privado, acceso a la red Internet y celulares para comunicarse.
El informe de la CIDH abogó porque el Estado “continúe” brindando las garantías para precautelar la salud de Jeanine Áñez, detenida desde el 13 de marzo con la acusación de haber perpetrado un “golpe” contra Evo Morales, bajo las figuras de “terrorismo, sedición y conspiración”.
Asimismo, la nota firmada por la jurista progresista Reneaum abrió paso a que la defensa de Áñez pueda presentar otra solicitud de medidas cautelares, en caso de presentarse nuevas vulneraciones a sus derechos humanos.
“Respetamos la decisión que ha emitido la CIDH. En el caso de existir nuevas vulneraciones a la salud de la exmandataria tenemos esta vía abierta y vamos a acudir cuantas veces sean necesarias con tal de resguardar la vida de la exmandataria”, concluyó el abogado.
Una acción de medidas cautelares favorable a Áñez podría ordenar su traslado a una clínica privada o arresto domiciliario, mientras dure la detención preventiva que pesa sobre ella. Tras cumplir los seis meses dictados por la justicia, un juez aumentó otros cinco para que la expresidenta sea recluida hasta febrero de 2022.
Áñez presentó un cuadro depresivo en agosto, cuanto trató de atentar contra su vida, provocándose lesiones en los brazos. Los diagnósticos de hipertensión, neuropatía periférica y anorexia nerviosa fueron desechados por la secretaria ejecutiva de la CIDH.
